Política

Barrales, Anaya y Yunes Linares, ¿enriquecimiento ilícito?

marzo 27, 2018

El presidente Peña Nieto no puede acusar ignorancia en cuanto al enriquecimiento ilícito de servidores públicos, como Alejandra Barrales, Ricardo Anaya y Miguel Ángel Yunes Linares, porque si algo no se puede ocultar es la riqueza y menos el manejo indebido de recursos, habida cuenta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –o los bancos–, conocen en segundos los recursos que se mueven o transfieren y el área de ingeniería financiera de esa dependencia detecta, de inmediato, cualquier ilícito. Por ello, las acusaciones que se han formulado resultan, por decir lo menos, ridículas o risibles.

Ello es así, porque sería muy grave que Mikel Arriola, candidato de Peña a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, acuda a la Procuraduría General de la República a presentar una denuncia contra su contrincante por enriquecimiento ilícito y por defraudación fiscal, pues de acuerdo con la contabilidad que le hace, no es posible haya adquirido bienes por un importe de más de 92 millones de pesos cuando hace apenas unos años era azafata de una compañía de aviación y que, con las percepciones recibidas, de ninguna manera podría justificarlas por lo que, en todo caso, se acreditaría la defraudación fiscal.

De prosperar esta acusación contra Barrales (en tiempos de campaña electoral), vendría a probarse que la justicia selectiva es clara contra los rivales del presidente a un cargo de elección popular y, además, daría lugar a que de inmediato se abra una carpeta de investigación por complicidad en contra de los ex secretarios de hacienda Videgaray, Meade y el actual, por el delito de omisión, como está previsto en el código penal federal.

Es de extrañarse que Arriola no haya acudido a formular la denuncia a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México por el delito de enriquecimiento ilícito, por ser del fuero común y solo lo encuadre en un delito de la competencia federal, lo que significa, si fuere el caso, que tenga la celeridad requerida, a efecto de inhabilitarla como su competidora, lo que no encontraría en aquella dependencia, por ser un organismo controlado por Mancera.

En relación con el enriquecimiento inexplicable de Ricardo Anaya, el escándalo es mayúsculo porque el presidente Peña autorizó que su partido acudiera a la OEA, a efecto de que este organismo investigue al candidato del Frente por México, es decir, una clara intromisión en la cuestión electoral, lo que además de aberrante viene a probar que las instituciones del país no son lo suficientes fuertes para resolver sus conflictos internos y que lo que ayer era un romance del PRIAN, hoy se da un rompimiento. Y al lograr que la esposa del ex presidente Calderón Hinojosa –único responsable de las más de 120 mil mexicanos inmolados en ese sexenio del fraude– Margarita Zavala, sea candidata independiente que proviene de un fraude electoral –haiga sido como haiga sido– y pueda contener en la presidencial, habla mucho de las complicidades en la cúpula para mantener el statu quo.

Ahora bien, en cuanto a Miguel Ángel Yunes, quien ya le manifestó al presidente Peña que su candidato a la presidencia es Anaya y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez al gobierno del estado (lo que obviamente no cayó bien, pues ahí está la respuesta), habría que esperar si la misma política que se está aplicando contra Barrales y Anaya se traslada a Veracruz, toda vez que no se ha determinado, por la Procuraduría General de la República si existen o no elementos en las denuncias que tiene por enriquecimiento ilícito del gobernador veracruzano, porque lo acontecido con el caso del ex gobernador César Duarte, de Chihuahua, existe un veredicto de que no hay elementos en algunos ilícitos y menos se ha apurado la extradición, pese a la presión ejercida por el gobernador Corral.

Si en la contienda electoral se van a dar toda clase de mañas, como se está viendo, la incertidumbre sobre el destino de Yunes Linares es incierto en tanto el presidente no ordene su exoneración, pues al existir un aliado de Peña como Javier Duarte de Ochoa en prisión por delitos federales y ante la amenaza de que se "cimbraría México", se aceleró la acción de la justicia en Veracruz, en tanto, en Chihuahua no acontece lo mismo.

limacobos@hotmail.com / @limacobos1