Política

Salinas y Peña Nieto, adalides del desastre

marzo 25, 2018

Se pudo haber estado mejor, pero desafortunadamente no fue así .La llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia de la república sentó las bases para que Salinas de Gortari iniciara el desmantelamiento de las instituciones que estaban concebidas por un nacionalismo revolucionario que habían permitido que el país creciera a un ritmo de 6 a 7 por ciento; sin embargo, la embestida fue brutal.

Por principio, Salinas de Gortari, que era rechazado plenamente por el priísmo –similar a lo que hoy ocurre con Meade– y en la "democracia perfecta" que señaló Vargas Llosa, fue impuesto. Pero en sus proclamas nunca se refirió que iniciaría reformas a la Constitución, sobre todo en el aspecto agrario, llevando al destazamiento del artículo 27 constitucional y trasladar la responsabilidad presidencial a los tribunales agrarios, propósito de Emiliano Zapata para resolver controversias, pero sin terminar con el reparto de los latifundios.

Mucho se habló que la inquietud en el campo obedecía a la existencia del reparto agrario y que ante esa inseguridad no había inversión. En consecuencia, el ejido y las pequeñas propiedades, sin tapujos, deberían ser auténticas propiedades, es decir, libertad de enajenación en los ejidos y sin peligro para que el pequeño propietario fuera amenazado con la expropiación si dejaba de explotar la tierra.

A la distancia, las consecuencias de esa reforma criminal están a la vista. El ejidatario ya no cultiva su parcela. La tierra ejidal se encuentra en la especulación comercial e igual acontece con el pequeño propietario y como ejemplo de esta reforma, en Veracruz (que producía arroz, frijol, ganadería, etcétera) ahora contemplamos que todo eso forma parte del pasado, pues la tierra está abandonada y sin la amenaza de la expropiación, pues no es obligatorio su explotación, lo mismo en material ejidal.

Para llegar a esta situación, Salinas de Gortari (el presidente del fraude electoral del 88) nunca advirtió si iniciaría detener el reparto agrario o entregar la banca a sus amigos en su campaña electoral, pues sabía que el rechazo hubiera sido total y, sin duda, también hubiera acontecido lo mismo con Peña Nieto si se le hubiera ocurrido a manifestar que la luz, el petróleo, el agua, la minería, etcétera, iba a dar a las manos de los empresarios extranjeros y que la corrupción e impunidad iba a llegar a esos extremos.

Por eso, representa un parteaguas la campaña presidencial de este año donde solo dos candidatos se pronuncian abiertamente en cuanto a sus propósitos. Por un lado, López Obrador se compromete acabar con la corrupción e impunidad del régimen de Peña Nieto; la cancelación de los contratos leoninos sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, revertir la reforma energética (agua, luz, petróleo, minería) y educativa. En síntesis, revisar a profundidad si esas reformas someten al país a la peor ignominia de los intereses extranjeros y al capitalismo interno para avasallar a las mayorías que están en la miseria y que representan cerca de 64 millones de mexicanos que no tendrán futuro, salvo brincar el muro que Trump hará en la frontera, a efecto de que los mexicanos vayamos, con nuestra mano de obra barata, a disputar a los cerca de 50 millones de norteamericanos desempleados a despojarlos de su trabajo, que es la lucha de Trump con las empresas que invierte fuera de su país.

Por el otro lado, el segundo candidato Ricardo Anaya, que está siendo víctima de una agresión sin límite para impedirle participar en la contienda mediante el uso de manera facciosa de las instituciones que Peña tiene a su servicio, solo porque ha postulado que lo encerrará en prisión por corrupto; sin embargo, no plantea un cambio a fondo en las reformas que tienen en la inseguridad al país por la violencia y el exponencial crecimiento de la delincuencia organizada y solo apunta que revisará los contratos sobre el aeropuerto, sin objetar las demás reformas estructurales o desnaturalizadas.

En tanto, Meade o Margarita de Calderón, vinculados al presidente Peña, son los candidatos de que en México no pasa nada, y todo es para bien del empleo y el bienestar social, es decir, el mismo canto de siempre: que vendrá lo mejor, como podrían ser las 120 mil personas asesinadas durante el gobierno de Felipe Calderón, o los crímenes de Tlatlaya, Ayotzinapa o Michoacán.

La suerte está echada, es decir, las cartas están sobre la mesa para que los electores escojan entre el miedo de un peligro para los voraces empresarios internos y externos (más de lo mismo) o poder emprender otro camino, lejos de la explotación y el abandono, la criminalidad, la corrupción, impunidad, un régimen auténticamente democrático y de derecho, donde la ley no esté a criterio de quien aplique, sino que, sin distingos los bandidos que se han incrementado en este sexenio se les castigue y no digamos después que "pudimos haber estado mejor con otra persona".

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