Política

Seguridad, decisiones

marzo 25, 2018

No hay un estado de la República que viva condiciones aceptables de seguridad pública. Desde 2010, cuando faltaban aún dos años para que terminara el gobierno de Vicente Fox, la escalada violenta ha ido en acenso delineando la geografía del horror. A partir de 2012, el problema de seguridad pública alcanzó niveles obscenos que continúan a la fecha.

La crisis es mayúscula, de origen gubernamental y no obedece tanto a las empresas criminales como a las políticas y decisiones específicas de los dos últimos gobiernos federales. En los 90, al inicio del fenómeno, el gobierno federal decidió (1999) organizar un cuerpo nacional policiaco con estructuras casi totalmente militarizadas: La Policía Federal Preventiva, convertida en Policía Federal en 2006, para transformarla de preventiva a una fuerza de "contención" del crimen de alto impacto.

Luego se instrumentaron policías civiles profesionalizadas. Uno basado en el Mando Único, y otro en la profesionalización de los cuerpos de policías municipales. Ambos fracasados. A la fecha, más de 20 estados federales –incluyendo los más peligrosos– dejan las labores policiacas en manos del Ejército y la Marina. Y el resultado ha sido el incremento de la violencia y el crimen en las zonas bajo control del mando único policial, penoso eufemismo para aludir el control castrense de las tareas de seguridad.

Promovido desde el sexenio de Felipe Calderón, este esquema fue promovido para desaparecer a las policías municipales. Luego, Peña Nieto propuso la creación de Policías Estatales Únicas "con el fin de pasar de más de mil 800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidos por la delincuencia, a 32 corporaciones sólidas de seguridad estatal que sean más confiables, más profesionales y más eficaces".

Dicho en breve, suman más de 12 años de políticas federales específicas que han desmantelado casi por completo la poca estructura y experiencia de buena parte de las policías municipales del país. Cosa que explica en buena medida la necesidad y el ascenso de las policías comunitarias surgidas en varios municipios del país.

Es claro que nunca debieron desmantelarse y sobreponer estructuras ajenas al trabajo de seguridad en los municipios. Por el contrario, los municipios debieron haberse reforzado. No nulificado, que fue lo que se hizo.

Tiene sentido por eso la observación de Ricardo Ahued, candidato a senador por Morena, ex diputado y ex presidente municipal de Xalapa, en el sentido de que en las condiciones actuales, la asunción de la seguridad pública por parte de las administraciones municipales es una responsabilidad abrumadora. No sólo por la presión de las empresas criminales y sus células autónomas. Sino porque las condiciones objetivas para ofrecer una seguridad razonablemente digna a la ciudadanía son extraordinariamente precarias.

Descargar en las autoridades municipales la resolución de los problemas de seguridad pública locales es obtuso. Debe apuntarse hacia allá, pero ello supone reconstruir por municipio las estructuras de seguridad completas. No parece algo viable sobre la marcha en las actuales condiciones. No antes de que sea definida una política de seguridad y anticrimen por fuera del esquema de mera confrontación directa.

Lo que el desastre de la seguridad pública en el territorio nacional sugiere es la completa incomprensión de las autoridades federales de la situación. Hay otra opción, que además no es excluyente de la primera: la complicidad.