Política

Secreto de Estado como defensa

marzo 22, 2018

Sorprende que el caso Odebrecht no haya provocado ni la más pequeña ola en la indiferente superficie política y legal de México divulgando así un mensaje tranquilizador a los que cometen audaces delitos financieros.

Diligente para algunos casos, para atender la embestida del PRI contra Ricardo Anaya, la PGR no ha movido ni un dedo para perseguir a los que recibieron cohechos de la constructora brasileña para hacerse de astronómicos contratos petroleros en México.

No hay campaña contra la corrupción tratándose de personajes importantes para el PRI-gobierno. El océano de cohechos que se repartieron en esa institución rebasa toda cifra imaginable. Queda claro que nada se hará si el Presidente de la República no lo ordene continuar la investigación interrumpida.

El honor y la credibilidad del gobierno y del país están en juego pero esto se sacrifica fácilmente si hay razones para ocultar el comprometedor episodio, y para tratarlo como un secreto de estado. No importa que se nulifique la seriedad de la mil veces anunciada persecución de fraudes.

En el caso de las adjudicaciones en favor de Odebrecht de imponentes obras en las refinerías de Tula y de Miguel Hidalgo se confirma que con suficiente dinero se pueden comprar las decisiones oficiales.

Las declaraciones de altos funcionarios de Odebrecht como las del señor Luis Meneses que estuvo al frente de Odebrecht Méxco ente 2010 a 2017, son contundentes en el sentido de especificar las conversaciones que tuvo con el Emilio Lozoya, entonces director general de Pemex, sobre la entrega de un total de 10.5 milllones de dólares para a lo largo de esos años facilitar las contrataciones de la empresa brasileña.

La probabilidad de que esos dineros fueron para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto que entonces se llevaba a cabo, explica que no hubiese continuado la investigación que inició Santiago Nieto Castillo, el jefe de la Fepade, y que fue de pronto removido en octubre de 2017. Los reproches, presiones y amenazas de que ha sido objeto como respuesta a su valiente denuncia de esta semana relativa a este hecho fundamentan dicha sospecha.

Otro caso que clama ser atendido es el de la "estafa maestra" realizada en connivencia con una seriel de universidades y planteles educativos para desviar nada menos que 7,500 millones de pesos presupuestados para programas sociales. La fama de México está firmemente anclada en una penosa constante que es la corrupción que según algunos cálculos representa más de un 10% del PIB.

Los desfalcos identificados por la Auditoria Superior de la Federación de los que son responsables la Sedatu como la SCT que la ASF ha identificado en relación con 2 mil 200 millones de pesos son otros casos de importancia que también están sin debida acción del gobierno federal.

Estos estos casos son del conocimiento de organizaciones internacionales como la OCDE y OEA donde se pregunta porqué, por ejemplo en el asunto Odebrecht, algunos presidentes actuales o recientes de otros países han sido castigados mientras que en México nada sucede.

La ASF, que apenas ayer tiene titular, ha identificado muchos fraudes y desviaciones en perjuicio de la Tesorería de la Nación. No así el ministerio Público y la PGR. Aún no se designa el Fiscal Anti Corrupción. Estos casos son del conocimiento de un buen número de organizaciones internacionales como la OCDE y OEA donde se pregunta porqué algunos presidentes actuales o recientes han sido cuestionados y hasta sentenciados por su vinculación con Odebrecht mientras que en México nada sucede. El que aquí no se ajusticien a los mencionados delincuentes indica la eficacia del aparato oficial para defenderlos y la colusión con las más altas oficinas del gobierno. Esta situación mancilla la honorabilidad del país confirmándose que en México se pueden cocinar todas las estrategias de corrupción imaginables.

El precio es alto y devastadora. Nos pone a la merced de que sean las agencias y tribunales extranjeros que se encarguen de investigar, juzgar y encarcelar a los que aquí delinquen. Es el paso que faltaba para acabar de despedirnos de nuestra independencia. Tratar delitos como secretos de estado es la peor de las respuestas.

juliofelipefaesler@yahoo.com