Sociedad y Justicia

Irregularidades de la FGE en investigación por desaparición de una activista en 2016

marzo 12, 2018

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 4/2018, dirigida al Fiscal General Jorge Winckler Ortiz, por irregularidades de diversos servidores públicos en la investigación de la desaparición de la activista Claudia Vera en marzo del 2016.

El 25 de marzo de 2016, se publicó en el portal de internet del medio notiver.com.mx una nota que refería que el 23 de marzo de ese mismo año fue privada de la libertad la activista que colaboraba con varias organizaciones que brindan acompañamiento a personas desaparecidas o ausentes en el Estado de Veracruz, por un grupo de personas armadas, desconociéndose hasta el momento su paradero.

La Comisión Nacional acreditó que cinco servidores públicos de dicha Fiscalía General violentaron el derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, de la víctima y sus familiares, y no investigaron oportunamente la desaparición, ya que omitieron tomar en cuenta el contexto de la labor de activismo y acompañamiento de la víctima a familiares de personas desaparecidas, con lo cual dejaron de observar las obligaciones previstas en la normatividad que rige su actuación.

El 28 de marzo de 2016, la CNDH solicitó al Fiscal General del Estado de Veracruz la implementación de medidas cautelares, específicamente para que se realizaran las acciones que fueran necesarias para ubicar el paradero de la activista, se respetaran sus derechos y se establecieran las medidas de seguridad en favor de sus familiares, las cuales fueron aceptadas.

El 24 de marzo de 2016, se presentó la denuncia por la privación de la libertad de la activista, con lo que se inició la investigación, la cual el 1° de abril de 2016 se radicó en la Fiscalía Segunda Investigadora de Veracruz, cuya integración, de acuerdo con la información proporcionada el 22 de agosto y 8 de diciembre de 2017,

Cabe precisar que de la información recibida en este Organismo Nacional el 28 de diciembre de 2017, y que fue remitida la investigación ministerial seguía en integración por lo que aún se desconoce el paradero de la activista y tampoco se ha identificado a persona alguna como probable responsable de su desaparición.

Durante la investigación del caso, la CNDH constató que personal adscrito a dicha Fiscalía omitió realizar diversas acciones para su perfeccionamiento, por lo que no garantizaron el acceso a la justicia a los familiares de la agraviada e incurrieron en irregularidades.

"Este Organismo Nacional considera que las personas activistas que representan casos y dan acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición y, en general, de víctimas de violaciones de derechos humanos, realizan tareas que las ubican en una situación de especial vulnerabilidad por lo que el Estado tiene un deber reforzado en su protección y, sobre todo, en investigar los casos de agresiones cometidas en su contra", señalan.

Explican que en la investigación de la desaparición de una persona las primeras horas son fundamentales, toda vez que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y, en algunos casos, la imposibilidad para obtener las pruebas y testimonios, con lo que se dificulta o hace nugatoria la práctica de diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los posibles autores y determinar su responsabilidad penal.

Por lo anterior, la Comisión Nacional recomendó al Fiscal General del Estado de Veracruz realizar la debida integración de la investigación iniciada con motivo de la desaparición de la víctima y continuar con la indagatoria de los hechos, conforme a los estándares nacionales e internacionales de debida diligencia y debido proceso, así como instruir a la Visitaduría General de esa Fiscalía revisar la indagatoria del caso y presentar un plan de fortalecimiento de la investigación que tenga como objetivo la localización de la víctima.

También le pidieron colaborar con la CNDH en la queja que promueva ante la Visitaduría General contra los servidores públicos responsables; capacitar al personal de dicha Fiscalía sobre los protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia utilizados para la investigación de los delitos que se relacionen con la desaparición de personas, así como activistas que acompañen y representen casos, tomando en cuenta el Protocolo de Investigación para la Atención de los Delitos Cometidos en Agravio a Personas Defensoras de Derechos Humanos con motivo del ejercicio de su labor, emitido por la misma Fiscalía.

Investigarán entrega de adultos mayores en hogar no idóneo

El delegado regional de la CEDH, Tonatiuh Hernández Sarmiento, confirmó que la instancia abrió una investigación por oficio en contra del DIF Tuxpan, debido a que dos adultos mayores, que fueron entregados al organismo, se encuentran en un lugar que no es idóneo para ellos.

Comentó que de acuerdo a la Ley de Asistencia Social del Estado de Veracruz, los sistemas municipales deben contar con lugares para poder atender grupos vulnerables, no obstante, en el caso del municipio de Tuxpan, no se cuenta con el.

"Si tenemos abierto un expediente de queja, relativo a verificar si efectivamente los actos que se están dando dentro de este tipo de situaciones son violentadoras de estas dos personas adultos mayores, que están considerados dentro de los grupos vulnerables. Nosotros ya estamos en nuestra investigaciones, estamos en el proceso de solicitud de informes al ayuntamiento, a través del sistema Tuxpan, para ver si ellos tienen bajo su resguardo y si fueron ellos quienes decidieron que se depositaran en el anexo de la colonia Manlio Fabio Altamirano".

Cabe mencionar que hasta la pasada administración municipal, el sistema DIF, a través de un convenio , pagaba a un asilo de ancianos privado para que los adultos mayores residieran en el lugar, no obstante la actual gestión del panista Antonio Aguilar Mancha decidió no continuar con el, y dos adultos mayores que ahí se atendían, les fueron devueltos.

No obstante, el lugar en donde según derechos humanos ahora se encuentran los ancianos, no reúne los requisitos para que ahí permanezcan.

"Es obligación de los sistemas DIF atender a este tipo de situaciones, desgraciadamente por cuestiones presupuestales, la gran mayoría de los ayuntamientos no cuenta con las casas hogares que se requieren por ejemplo en niños de situación de calle, para mujeres violentadas, para personas que se encuentran en edad avanzada, estoy consciente que se tiene esa problemática y esa dificultad".

Indicó que solo el ayuntamiento de Poza Rica cuenta con albergues para adultos mayores, niños y niñas por separado, mientras que el de Tuxpan a través del DIF da atención a niños, pero no a adultos.

Además de los lugares que el DIF de Tuxpan tiene, en el municipio hay una casa hogar para niñas y otro para adultos mayores que trabajan de a través de asociaciones civiles y de forma privada.

El funcionario estatal, recordó que la ley es clara, por tanto las autoridades deben establecer y manejar presupuestos para crear lugares que permitan atender a los grupos considerados como vulnerables.".