Política

Claridad obligada

febrero 13, 2018

La reciente aprehensión de 19 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno anterior da luces sobre la discrecionalidad irregular de los funcionarios gubernamentales para convertir el interés público en materia de interés privado y escamotear consistentemente la información a los gobernados.

El actual gobierno aprehende y establece causas penales contra amafiados públicos como un asunto de justicia, cosa que no se regatea, pero también como forma de validación de un gobierno que carga con amplios déficits respecto de la expectativa y oferta política iniciales. Destacadamente la abigarrada circunstancia de la seguridad pública.

A un año de ejercicio gubernamental, las profundas lagunas y vacíos de información respecto de las desapariciones y política de terror de estado siguen inalteradas. La sociedad permanece, básicamente, en el mismo punto de pasmo desinformado que al final de lo que eufemísticamente llamamos administración anterior.

El asunto no es menor. No sólo por la gravedad del asunto en sí mismo, sino por la exhibición de las limitaciones de la institucionalidad en cuanto a informar a los gobernados sobre la circunstancia real que les atañe.

La acusación del presidente estatal de Morena, respecto de la escasa información proporcionada por el gobierno respecto de la estructura para el comportamiento criminal anterior es determinante si es que aceptamos que pretendemos vivir en democracia.

El asunto es en absoluto menor o circunstancial. Pasa, por el contrario, por el corazón mismo de la obligatoriedad de informar al respetable sobre los asuntos de interés público derivados de un aciago sexenio donde la violencia sobre los gobernados y el ocultamiento y simulación de ésta se convirtieron en perversión dinámica de la indefensión.

La sociedad debe ser informada sin filtros ni inhibiciones políticas de conveniencia. El dolor es real y las tragedias personales demasiado abundantes como para ser tratadas como rutina administrativa.