Política

Cauta complacencia

febrero 09, 2018

La detención, entre mandos y personal operativo, de 19 personas pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del estado durante el sexenio de Javier Duarte podría, ahora sí, empezar a deshebrar la abigarrada madeja de complicidades delictivas del gobierno anterior en el aspecto más sentido y doloroso: la desaparición forzada de personas.

Entre el dejar pasar y el procesar por delitos menos graves a funcionarios de gobiernos y partidarios anteriores ha sido catártico para el respetable pero sujeto al escepticismo por los evidentes esfuerzos de acuerpamiento protector del gobierno federal priísta para con sus cómplices y secuaces. Ahí, por ejemplo, el paradigmático caso Chihuahua.

Los antiguos mandos y el llamado personal operativo fueron detenidos por la presunción de desaparición forzada de 15 personas.

Por quien fuera subsecretario de Seguridad Pública, José Nabor Ortega Olguín, quien no fue aprehendido, se ofrece una recompensa de un millón de pesos a quien dé datos que lleven a su detención.

Protagonistas del horror a cargo de instituciones públicas, son señalados de haber desaparecido a 15 personas; dos mujeres y dos niños, entre ellos. Además de la pesadilla de Tierra Blanca, que dio al crimen organizado a cinco jóvenes hace poco más de un año.

El gobernador afirma que el fiscal Winckler ofreció pruebas sustentadas de las acusaciones. Es deseable que así sea; no importa tanto el castigo como el significado de éste para las víctimas familiares y la sociedad, igualmente agraviada profundamente.

Cada uno de los aspectos de las razones para vivir en sociedad, han sido socavados en Veracruz. Desde la más elemental certidumbre de seguridad, hasta la urdimbre institucional que hace posible y garantiza, o debiera hacerlo, la vida en paz y satisfactoria certidumbre.

Faltan por ver los resultados de las detenciones y dimensión y profundidad de los castigos y sus alcances.