Política

Política feudal

febrero 07, 2018

La alternancia en el Poder Ejecutivo estatal, salvo para los intereses político-económicos del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y su camarilla, está convirtiéndose en un sonado fracaso de la administración pública puesta al servicio de la ciudadanía y acrisola, al mismo tiempo, un proceso de feudalización de la política en la que el gobernador ha puesto en práctica un personalísimo juego de suma cero.

Es decir, Yunes Linares, acostumbrado a ejercer la autoridad de manera despiadada en todas las ocasiones que ha detentado alguna responsabilidad pública, es un rudo jugador que quiere ganar como sea, llevándose entre las patas al adversario para conseguir que toda ganancia suya signifique la pérdida para el otro; dicho de otro modo, en el universo yunista de la competencia por el poder, la lucha política no debe tener fin, ser débil ni mucho piadosa con el adversario.

Dicha actitud probadamente corroborada desde su paso en el gobierno estatal priísta y luego como alfil del calderonismo panista desvela el profundo deseo del mandatario por construir un particular régimen autoritario en el que se privilegia el mando, el poder, y naturalmente menosprecia el consenso.

Es fácil ver en Yunes Linares una tendencia psicológica propia de su personalidad autoritaria, caracterizada por la fusión de dos características aparentemente opuestas: la disposición a la obediencia –como ejemplo incomparable aquel inolvidable pastelazo con el que lo destapó Felipe Calderón en su primera salida como candidato a gobernador– y a la complacencia y afabilidad con los que tienen poder, y la arrogancia y el desprecio respecto de los subordinados, los débiles y los opositores.

Muy lejos de la realidad han quedado sus palabras y compromisos electorales de gobernar para todos, pues si bien en su primer año el eje de sus atenciones fue la persecución de Javier Duarte y algunos de sus colaboradores en la cruzada justiciera contra la corrupción, que bien le sirvió para granjearse el voto del hartazgo ante la corrupción e impunidad del duartismo, a partir de la llegada de gobiernos municipales de oposición, particularmente en los emergentes desde el partido Morena, fue evidente su deseo de dejar en claro quién gobierna en Veracruz.

Ese ambiente de discordia y rispidez entre autoridades municipales y estatales poco ayuda a resolver los ingentes problemas de inseguridad y parálisis financiera que asolan el suelo jarocho desde hace ya varios gobiernos, fenómeno que se acentuó en las regiones donde el voto no fue para la coalición gobernante sino que se dividió entre Morena y PRI.

Por ello, resulta preocupante la actitud del gobernador para con aquellos municipios de oposición a su proyecto transexenal como ha sido visible en Xalapa, Poza Rica, Coatzacoalcos y más recientemente, Minatitlán, una ciudad tan severamente conflictuada por la actividad de la delincuencia organizada en la que por si faltara algo, la dispersión de elementos estatales, federales y municipales de seguridad derivó en condiciones de altísimo índice delictivo acendrado por la disputa de cárteles criminales. En Poza Rica, Xalapa y Coatzacoalcos, junto con la inseguridad, el activismo de organismos sindicales y políticos en contra de los nuevos gobiernos municipales dan cuenta aparte de ello.

Por lo pronto, los minatitlecos, los que no votaron por Yunes, están siendo objeto del chantaje del gobernador, al condicionarle al alcalde de la ciudad su retractación por la aparente dotación de alimentos caducos de su programa asistencial a cambio de seguir apoyando a la comunidad con elementos de seguridad pública. El juego de suma cero a todo lo que da.