Política

Impunidad y perspectiva

enero 03, 2018

La incapacidad institucional para atender las denuncias ciudadanas, capturar y procesar a los delincuentes, y la ineficiencia del sistema judicial que no termina cabalmente su reforma, más la negligencia para determinar sentencias e imponer las penas en un contexto de violencia que dura más de una década, somete a las instituciones del Estado a procesos de socavamiento y deterioro intensivos.

Estos procesos son la causa redundante de la incapacidad institucional original que, al final del día, termina en la impunidad sistémica que agobia a la ciudadanía veracruzana. Sucede lo mismo en el resto del país, excepto por la intensidad y absolutez de la impunidad.

Ayer, primer día laborable del año, se cumplieron dos años del asesinato de Moisés Sánchez, periodista al que primero le regatearon el oficio y desde entonces la justicia, tanto a él como a su familia.

De los países del subcontinente latinoamericano, México es el primer lugar en impunidad. El cuarto a nivel mundial. La impunidad incentiva violencia porque la probabilidad de ser capturado es mínima, y la de ser castigado es aún menor.

La causa profunda de la impunidad es la corrupción y ésta es porque existen las condiciones institucionales y sociales para que sea. Dicho de otro modo: es posible robar, secuestrar, asesinar, masacrar, estafar y apropiarse del dinero público para fines privados, porque la probabilidad de ser capturado y castigado por ello es completamente marginal.

El tema es sustantivo para la eventual supervivencia del Estado mexicano y es vital si lo que se quiere es que éste sea justo y de bienestar.

No puede ni debe ser entendida como casual el aumento de la violencia en el estado de cara a las elecciones dentro de seis meses. Tampoco puede serlo que la violencia se haya intensificado en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Puebla y Michoacán, en donde las empresas criminales tienen intereses vitales por cultivo, producción, recepción y distribución de materias primas y productos terminados del narcotráfico.

Son condiciones de severa gravedad que reclaman una redefinición amplia del encaje institucional y de quienes operan las instituciones. Procesos donde la sociedad debe ser especialmente atenta y participativa.