Política

Porque lo digo yo….

diciembre 12, 2017

La sociedad veracruzana tiene un problema muy grave con el autoritarismo y con los argumentos de autoridad. No porque se oponga a ellos, sino porque los acepta sin la menor resistencia y los integra sin chistar en la normalización cotidiana. Tanto, que han sido muchos los defensores de derechos humanos, ecológicos y periodistas muertos sin que pase más allá de algunos golpes de pecho, unas lágrimas forzadas y sentidas verbalizaciones de duelo e indignación para que las cosas sigan exactamente igual. Incluso sin nada de lo anterior y con la actitud cínica e indiferente de algún gobernador como Javier Duarte, los argumentos de autoridad pasaban sin mayor molestia del respetable.

Pero el gobernador ahora amenaza explícitamente a la población al anunciar que quitará seguridad en aquellos municipios gobernados por alcaldes que no firmen el convenio que el gobierno dice debe ser firmado compulsivamente en las condiciones y con las consideraciones que el gobierno diga.

A la hora de escribir este editorial, La Jornada Veracruz desconoce las razones por las cuales los alcaldes ausentes decidieron no ir. Pero al margen de cualquier razón o argumento justificatorio, es claro que el gobernador no tiene por qué amenazar a la población gobernada por quienes faltaron. Sin duda la amenaza tiene la intención de pasar la factura de las cortedades a la población gobernada por alcaldes emocionalmente indeseados por el gobierno. De otro modo, la admonición carece de sentido o, si acaso, tiene el sentido de una rabieta.

Es verdad que en política la pasión es deseable, pero de ahí a la reacción visceral como forma de gobierno la distancia es oceánica. No es la primera vez –probablemente tampoco será la última– que el gobernador responde irracionalmente a una molestia.

Desde luego, la legalidad de la eventual decisión del gobierno es completamente dudosa, pero más allá de lo evidente, inquieta que el primer responsable de las decisiones de políticas de gobierno tenga tan poca tolerancia a la frustración, al grado de tomarla contra los gobernados. O es que el gobernador desea pasar factura a los electores por haber votado por alcaldes ideológicamente opuestos a las concepciones del gobierno.

¿Se apercibe el gobernador del despropósito de su dicho?

En cualquier caso, nada ha pasado aún y es altamente probable que lo dicho haya sido más la reacción a una molestia que una verdadera intención gubernamental de venganza. Pero con independencia de los dichos y contradichos, lo sustantivo es que el estado atraviesa una abigarrada urdimbre de problemas complejos cuyos costos para los gobernados son altos y cuyas aprehensión y eventual solución exigen serenidad, capacidad analítica y templanza.

Por lo demás, es necesario que los alcaldes que se rehusaron a presentarse en la reunión expliquen el porqué de su decisión y los objetivos que siguen. Por lo pronto, la sociedad queda en medio y es preciso que los protagonistas de las decisiones aclaren qué desean lograr y lo expliquen, toda vez que sus decisiones políticas han empezado, ya, a tener costos para los gobernados.