Política

Barruntos

noviembre 27, 2017

A lo largo de su carrera, el titular del Ejecutivo estatal ha fincado la construcción de su imagen sobre la base de tres deformaciones en la personalidad de un gobernante. A saber: una, la intransigencia, de la que a su vez derivan dureza y obcecación; dos, la rijosidad, manifestada en un conflicto sostenido durante décadas con por lo menos uno de los factores políticos dominantes del estado, el PRI, particularmente con aquel influenciado por Fidel Herrera; y, tres, un perfil invasivo/excluyente de manifiesto en la apropiación hecha del PAN estatal.

No extraña, pues, que la Fiscalía del Estado a sus órdenes se haya abrogado la facultad de solicitar directamente a las empresas telefónicas parámetros de la geolocalización de equipos móviles de telefonía. Cosa que desde luego es posible hacer en cualquier país, digamos que de la OCDE, previa autorización de un juez. Como la propia FGE apunta que será.

Lo que en los otros países miembros de la OCDE es un procedimiento aceptado reglamentado y severamente vigilado, en México es signo de alarma adicional, sabedores de la extralegalidad a la que los gobiernos del país son tan afectos.

Recordemos el escándalo reciente del software Pegasus que el gobierno mexicano compró a una empresa de Israel para espiar a ciudadanos opositores, a periodistas y a empresarios. Si es previa autorización de un juez, entonces la solicitud de geolocalización no es directamente a las empresas, sino por medio del juez.

Detalles aparte, el Fiscal es omiso en explicar a la ciudadanía cuáles serán los criterios para definir tal o cuál número de telefonía móvil como sospechoso de estar involucrado en actividades criminales o no. ¿Cómo se determina? ¿Los que se dedican a actividades criminales suelen utilizar teléfonos inteligentes como instrumento en sus transacciones? Porque podría suponerse que preferirían el uso masivo de teléfonos desechables de bajo perfil y costo.

Recientemente se hicieron públicas las quejas de colectivos de búsqueda de desaparecidos en el sentido de no son prioridad en la fiscalías.

Se informa ahora que la medida es para agilizar las diligencias en materia de desaparecidos. Enhorabuena. Habrá que esperar entonces se haga público el criterio legal para definir un teléfono como sospechoso. ¿O basta con solicitar cualquier número? ¿Cómo se le demostrará al juez que un número es sospechoso? Dicho de otro modo, sin rollos formales, ¿cuáles son las garantías de los ciudadanos y cómo asegurarán que sean respetadas?