Política

"Anteriores titulares de la STPSP aceptaron sindicatos fuera de ley"

noviembre 22, 2017

Durante el duartismo, la política y justicia laboral estuvo a la venta de los intereses, pues lo mismo se otorgaron registros sindicales por encima de la ley y una persona inexperta estuvo al frente de la conciliación y nunca hubo inspección a favor de la clase obrera, reprochó la titular Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Silvia Mota Herrera.

Al comparecer ante el Congreso local, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Silvia Mota Herrera acusó a sus antecesores Gabriel Deantes Ramos y Fernando Aguilera de Hombre de haber expedido 121 registros sindicales, los cuales no cumplieron con la Ley Federal del Trabajo.

Dijo que en tales registros no se observaron las limitantes y lineamientos establecidos en el marco normativo que rige a las organizaciones sindicales. En consecuencia de ese actuar no apegado a la legalidad se generó una inestabilidad social en el ámbito laboral, dado que esto motivó el derecho para emplazar a huelga para la firma de contratos colectivos.

"En el jurídico encontramos, que los expedientes no estaban correctamente integrados y en algunos casos se omitió su defensa al no acudir a las audiencias", añadió.

Comentó que en materia de inspección del trabajo, que es una de las funciones sustantivas de esta dependencia, encontró falta de recursos humanos, materiales y financieros para operar, lo que generó una estructura ineficiente e impactó en los trabajadores al no estar protegidos en sus derechos laborales.

Otras irregularidades detectadas fue que en la impartición de justicia encontró que las 16 Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, así como los 3 Centros Regionales de Conciliación no contaban con personal suficiente para el desahogo de las funciones y actividades que se realizan.

"En algunas de ellas, sus titulares eran personas que no tenían el perfil idóneo y no cumplían con los requisitos exigidos por la Ley Federal del Trabajo, dado que su experiencia laboral era en funciones de Ministerio Publico", añadió.

Igualmente acusó que la mayoría de los inmuebles se recibieron en condiciones deterioradas y con falta de mantenimiento; el 35 % del equipo de cómputo e impresoras, descompuesto y obsoleto y el mobiliario en mal estado.

En el concepto de arrendamientos de los inmuebles que ocupan las Juntas Especiales de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos, se adeudan las rentas de enero a noviembre de 2016. Lo anterior, provoca inestabilidad para operar ante los reclamos de los dueños de los inmuebles y las amenazas con cerrar las oficinas.

Toda esta situación, lamentó, generó un rezago histórico de 15 años, al tener en trámite 19 mil 360 expedientes radicados en las 16 Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje.

Esto genera un detrimento en el patrimonio de los empleadores y la incertidumbre jurídica para los trabajadores, derivado de la práctica que tenían de señalar las audiencias en un margen de 8 a 12 meses, absteniéndose de emitir los laudos, las reservas de pruebas y desahogo de las mismas, en los términos consignados en la Ley Federal del Trabajo.

"Venimos de tiempos donde era imposible sustentar un equilibrio entre los factores de la producción ante la incertidumbre jurídica de los trabajadores con motivo del rezago existente en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado", añadió.