Política

Tiempos cretinos

noviembre 18, 2017

Hace un par de días un grupo de diputadas federales dio con insultar gritando "eeeh, puto" a un legislador que estaba en tribuna. Ex alcaldesas, ex integrantes de ONG en favor de la diversidad e hipotéticas representantes de la juventud dieron con la singular forma de hostilidad. Tal es el nivel de buena parte de los congresistas del PRI. Apenas hace una semana, la sociedad se enteró pasmada del reciclamiento del impresentable Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en el Edomex, aquel que fue exhibido en su depredación sexual sobre empleadas del PRI del entonces Distrito Federal.

Si al patético y reiterado desplante se suman los imperdonables y frecuentes errores de EPN, el panorama empeora.

No extraña entonces las obscenas cantidades de dinero que usa el gobierno federal para construir artificiosamente una imagen aceptable a la administración federal y al presidente. En los primeros cuatro años de gobierno gastaron la friolera de 34 mil millones de pesos en publicidad e inducción de opinión pública. Una distorsión perversa del sistema de complicidades que sustituyó al enfermizo sistema político que antecedió al engendro de deformación sostenido por complicidades que conduce al país.

Inexcusable desplante que se suma a la larga serie de bochornosos gazapos y equivocaciones del presidente. Eso, más una generosa cantidad de corrupción y opacidad revela las razones por las que los gobiernos se niegan a transparentar el uso del dinero que destinan a publicidad y comunicación política.

El dinero público que se destina a ese fin es sustantivo para la existencia de la diversidad de la opinión pública y la información. Lo que no es una graciosa concesión gubernamental sino una obligación contraída en el marco de la ONU/Unesco en 1980, elaborado por Sean MacBride, premio Nobel de la Paz 1974.

Tal obligación supone un uso ponderado del dinero público para fortalecer la formación de opinión pública diversa, no necesariamente favorable a los gobiernos, que a su vez fortalezca la participación política democrática. Especialmente diseñado para fortalecer a los medios impresos, siempre en condiciones de desventaja frente a los electrónicos.

Los gobiernos se han negado siempre –obcecada y sistemáticamente– a transparentar sus gastos en publicidad y comunicación social. La discrecionalidad y los millonarios flujos de dinero a medios y periodistas "amigos" han sido la norma; sin contar con la multiplicación exponencial destinada a medios electrónicos, especialmente las televisoras.

Es por eso que es sustantiva la decisión que ha instruido al Congreso a que a más tardar para abril 30 de 2018 sea definida y expedida la ley que regule y transparente la publicidad gubernamental. Algo que debió haberse hecho desde hace varios años. Tres si nos atenemos a los ofrecimientos de Peña Nieto. La arbitrariedad y la discrecionalidad son la norma general. No sólo en el gobierno federal. Ahí está la cruenta obscenidad publicitaria del gobierno de Javier Duarte.

Años de democracia formal a medias y mayoritariamente simulada, hacen de la opacidad gubernamental en publicidad algo compartido por todos los partidos del sistema.

Es por todo ello que es importantísima la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conceder el amparo a la representación mexicana de la organización no gubernamental Artículo 19 que pone al Congreso, bajo el ultimátum de reglamentar para más tardar el último día de abril de 2018, las reglas de regulación de la publicidad oficial en prensa.

Cosa que está muy bien pero que precisa reservar el optimismo para mejor ocasión por la cantidad de dilaciones morosas deliberadas que caracterizan a los gobiernos priístas. Basta recordar que hoy, a la vera del proceso electoral más grande de la historia reciente, los legisladores federales se niegan a acordar un nuevo fiscal especial para delitos electorales toda vez que el anterior fue destituido de modo fulminante por el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, donde hay otro nudo imperdonable, diferido por los tomadores de decisiones y que todo indica prefieren no resolver.

Tiempos cretinos al fin.