Política

En el país hay uso abusivo del poder para apropiarse de riquezas naturales: informe

noviembre 14, 2017

Orizaba, Ver.- Investigadores sociales internacionales señalan que en México el abuso de poder permite a los empresarios aduelarse, en complicidad con el Estado mexicano, de las riquezas naturales a costa de la supervivencia de pueblos y comunidades indígenas. "Hay un terrible abuso de poder que ataca a los indígenas" señala el informe "Mecanismos del despojo. Tres pueblos indígenas y campesinos ante la injusticia", de la organización no gubernamental Serapaz.

Esta agrupación se suma a los recientes reclamos de agrupaciones indígenas que protestan la forma en que se comete el desplazamiento de pueblos originarios debido al "abuso de poder e imposición de megaproyectos".

El documento de esta agrupación incluye un reporte de Isabel Madariaga, experta internacional y ex funcionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "quien estuvo en el país e investigó tres megaproyectos en tres comunidades indígenas y campesinas".

La construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, la siembra de soya transgénico en Campeche y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México marcados por la desprotección y la injusticia hacia las comunidades afectadas. En este sentido, señala el organismo, se recomienda fortalecer los derechos indígenas en la legislación agraria y obligar a autoridades y empresas a respetar sentencias judiciales, entre otros puntos.

Hay una clara implicación de las autoridades mexicanas porque avanzan con megaproyectos como autopistas, aeropuertos y monocultivos transgénicos "sin considerar las afectaciones a las personas que viven en sus alrededores. Los pueblos afectados, de origen indígena, no se les reconoce el derecho a la libre determinación consagrado en la constitución y en el derecho internacional y no existe una consulta libre, previa e informada.

"Hay un uso abusivo del poder tanto desde el punto de vista del derecho internacional, que México se ha comprometido a respetar, como desde la perspectiva de resoluciones judiciales que disponen proteger a los pueblos, pero que son ignoradas por las autoridades, en un abierto desprecio hacia el Estado de derecho y la justicia", explica la especialista Isabel Madariaga.

Estas observaciones fueron formuladas luego del estudio de los impactos de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan sobre la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México; la siembra de grandes extensiones de soya transgénica en los alrededores de las comunidades mayas de Los Chenes, en Campeche; y la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el ejido de San Salvador Atenco y pueblos vecinos, se señala.

Por ello, se hace una recomendación porque, "el gobierno mexicano está a tiempo de tomar medidas simples pero cruciales para atender y reparar la situación en estos tres pueblos, a la vez que debería considerar medidas de fondo para prevenir nuevas injusticias contra tantas otras comunidades amenazadas por la imposición de megaproyectos; se debe fortalecer la legislación agraria, que actualmente desprotege a los pueblos indígenas; respetar su derecho al consentimiento y a definir sus prioridades de desarrollo; y obligar a los funcionarios públicos y a las empresas a respetar los fallos judiciales cuando éstos no les convienen".

Este informe fue entregado a la Relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; al Subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa, y a otras autoridades nacionales e internacionales.

El posicionamiento coincide con el de las organizaciones indígenas de la sierra de Zongolica, que apenas hace dos días acusaron al gobierno mexicano de facilitar el desmantelamiento de las riquezas naturales del país a costa de la estabilidad e incluso la vida de pueblos y comunidades indígenas.