Política

Matices

noviembre 11, 2017

Hace bien el gobernador Yunes Linares cuando afirma que no llegará a acuerdos con la prensa para que hablen bien de él. Eso sería alentar el chantaje de alguien deseoso de vender la conciencia a cambio de no golpear, que es distinto a ser crítico.

La tensión entre la prensa observante, libre y crítica con los gobiernos es histórica, constante. Los gobiernos autoritarios son intolerantes a la diversidad de opinión, particularmente a aquella que los vigila en aras del interés periodístico y público. La historia está repleta de ejemplos que lo confirman. Watergate es un caso referencial relativamente reciente que expuso a la opinión pública las ilegalidades de espionaje de un gobierno medroso contra sus adversarios políticos, más las presiones de la administración Nixon sobre la prensa liberal para atajar el escándalo. En la madrugada del 17 de junio de 1972, un guardia de seguridad descubrió a un grupo de cinco intrusos en el hotel Watergate de Washington, donde se encontraban los líderes del entonces opositor Partido Demócrata. Se estableció que los "ladrones" estaban instalando equipos de espionaje electrónico en el edificio.

Es historia conocida.

Es difícil que los gobiernos autoritarios y débiles resistan la tentación de controlar la información y la opinión que los critica o exhibe. Hay demasiados casos desdichados en que esa tentación se ha traducido en muerte, tortura y hostigamiento en contra de los informadores. La Alemania nazi, la Rusia estalinista, el Paraguay de Stroessner, Chile con Pinochet o Argentina con Videla. Veracruz vivió poco más de un lustro en una pesadilla de la que aún no termina del todo por salir.

Los gobiernos que así actúan, que amenazan con procedimientos legales o cualquier otra forma, como Trump, revelan su verdadera naturaleza autoritaria. Incapaces como son de aceptar la crítica, el diferimiento que amenace la homologación de opinión que tanto necesitan.

No hace muchos años, el gobierno federal arremetió con toda su influencia en contra del grupo de periodistas que exhibieron los inexplicables beneficios crediticios que una empresa constructora, Higa, otorgó a la esposa del presidente para la adquisición de una casa de diseño personalizado con un valor superior a los 7 millones de dólares. Las implicaciones del caso no han terminado de decantarse.

O aquella frase del ex presidente José López Portillo que por las caricaturas de Naranjo, justificó el no dar publicidad gubernamental a la revista con la frase: "No voy a pagar para que me peguen". Su antecesor, Luis Echeverría, había orquestado hacia el final de su gobierno un golpe contra el periódico Excélsior, dirigido por Julio Scherer.

Casos como éstos alentaron la iniciativa de la Unesco a elaborar el conocido informe MacBride, del cual surgiría la convención de los países firmantes, México entre ellos, de garantizar la pluralidad de opinión asegurando la pluralidad y viabilidad de los medios escritos –siempre en condiciones de debilidad y desventaja respecto de los medios electrónicos precisamente por la diferencia de ingresos por publicidad– con la compra de publicidad con dinero público de la misma forma que se garantiza la pluralidad política financiando con dinero público a los partidos políticos. Ése fue el diferendo de José López Portillo con la revista Proceso que, crítica como era, molestaba la sensibilidad del presidente.

Los gobiernos castigan la crítica en lugar de rebatir con datos la crítica de que son objeto. Para eso es el derecho de réplica.

Han costado mucho, vidas incluso, los espacios de la prensa libre. Aún sangran las heridas por las muertes de Javier Valdez, fundador de Río Doce y corresponsal de La Jornada en Sinaloa, y de Miroslava Breach, también corresponsal de La Jornada en Chihuahua.

Hace bien el gobernador si se niega al chantaje, no así si castiga la crítica.