Política

El Senado, obligado a profundizar en el cese del fiscal

octubre 31, 2017

El nombre del fiscal electoral, Santiago Nieto Castillo, designado por una mayoría calificada por el Senado de la República, en acatamiento al artículo 102 constitucional y su transitorio décimo octavo, para perseguir los delitos en materia electoral y cuya gestión concluye el 30 de noviembre de 2018, pasará a la historia y su nombre grabado en letras de oro en esa, la más alta institución de la nación, como el servidor público que vio violentados sus derechos para poder cumplir con su encomienda, pues un empleado menor de la Procuraduría General de la República le obstaculizó su labor de independencia y autonomía.

Para que en el anonimato se llegara a esos extremos, de seguro que es grave lo que está escondido en la alfombra del poder político presidencial, pues para que una encomienda se realice por un empleado menor en esas condiciones, se viene a demostrar que se utiliza un sicario para que no quede huella del crimen que se ha cometido; sin embargo, se descuida que el horno no está para bollos y no se puede negar lo que es objetivamente claro: existe mucha miasma en la aldea.

Estamos viendo cómo hay 12 naciones de Latinoamérica cuyos presidentes están en la cárcel o andan prófugos, o bien en Brasil, que es donde se fraguó todo un movimiento corruptor, el vicepresidente Temer –ahora presidente– , pese a estar señalado de manera clara como usufructuario de Odebrecht y otros negocios, cuyas denuncias ministeriales no se han materializado por tener el control del Congreso, no se ha visto que algún fiscal haya sido destituido. Por el contrario, vienen actuando con total autonomía lo que habla mucho de que, en tanto allá, se respeta la legalidad en nuestro país, de la noche a la mañana se trastoca todo un aspecto jurídico que aún no funciona del todo, porque sólo charales están en la cárcel, en tanto los grandes corruptores se codean en la alta sociedad.

Si, por cierto, hay desconfianza extrema en el actuar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en los integrantes del Instituto Nacional Electoral, el atentado gestado contra la fiscalía electoral viene a confirmar que la crisis política no augura muy buenos tiempos. Por el contrario, lo acontecido en el Estado de México, donde el primo del presidente fue impuesto como gobernador, la nación se verá amenazada de manera seria y escalofriante, sobre todo cuando México no ha respetado la política de no intervención en los asuntos internos de otras naciones. En las elecciones del año próximo se da margen para que se nos cuestione, aunado a que los derechos humanos se han visto amenazados y así fue reconocido por la ONU y la CIDH.

Es difícil que el Senado de la República actúe a profundidad en el caso del atraco que sufrió el fiscal electoral para conocer la verdad plena para, de ser el caso, fincarle las responsabilidades por sus actos u omisiones, o bien, iniciar juicio político contra el subprocurador, encargado de la Procuraduría, por su actuar irresponsable, pues es casi seguro que nunca protestó el cargo de procurador ante el Senado como lo señala la Constitución. Luego entonces, su actuar está afectado de nulidad total y tendría que imputado.

Poco debe importar, en un régimen democrático y de derecho que el fiscal destituido manifieste que no objeta su remoción y que se allana en todos sus términos, sino que es necesario conocer qué sucedió en su caso específico, porque la sociedad se queda en estado de indefensión y para que se crea en sus instituciones y se vea que existen consecuencias, se tiene que agotar el procedimiento. De lo contrario, estaremos imitando al gobernador Yunes Linares que al fiscal designado por nueves años, sin mayor responsabilidad, le permite que tire la toalla en tanto los desaparecidos, que se cuentan por miles en el régimen de Duarte, duermen en la eternidad y el silencio de los sepulcros, por habérseles aplicado, a todos ellos, el artículo "O" de la Constitución o de alguna otra legislación.

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