Municipios

La represión a ciudadanos de Coxquihui, un acto criminal; rezago en salud era consabido

octubre 13, 2017

Desde hace más de cinco años, la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) ha denunciado las múltiples deficiencias del servicio de salud en el Totonacapan veracruzano. La falta de medicamentos se suma a la falta de personal, de especialistas, de equipo médico especializado, así como a la carencia de un sistema de salud congruente con las necesidades culturales, sociales, ambientales y epidemiológicas de cada región del estado, señala dicha organización, la cual condena la represión a los pobladores y al mandatario estatal el reconocimiento público de la dimensión del problema de salud que enfrenta la región, así como el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos, puesto que la criminalización de la protesta no es expresión del estado de derecho.

"La salud es un derecho humano consagrado en el artículo 4° Constitucional, al igual que en diversos tratados y acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano, sin embargo, en esta región del norte de Veracruz son evidentes las dificultades que viven los habitantes para hacer valer este derecho.

"La muerte de dos menores de edad en la localidad de Ojite de Matamoros deja en claro la travesía que deben de pasar los habitantes de esta región para atender el derecho a la salud y para ser escuchados cuando este derecho es vulnerado. Las familias de ambos menores finados buscaron en primer instancia la atención médica en su localidad y al ser negada y luego proporcionada de forma deficiente, se vieron en la necesidad de recurrir a hospitales en municipios vecinos e incluso en estados vecinos, recorriendo largas distancias que fueron determinantes en la vida de sus menores, y es que, la clínica perteneciente al sistema IMSS Prospera, –ubicada en la localidad de Comalteco, Espinal, a 20 minutos de Ojite de Matamoros, Coxquihui– desde hace meses no cuenta con médico asignado".

Según los testimonios de los mismos habitantes, "cuando hay médico, estos van y vienen, llegan tarde y se van temprano (...) y a últimas fechas, con eso de la violencia y el secuestro de la residente en Papantla, ya no quisieron venir médicos a la región". Señalan que quien atiende es la enfermera acompañada de las vocales del programa Prospera, quienes además de llamar sin falta a las faenas, llaman a pláticas y vigilan que cumplan fehacientemente con todos los requisitos para seguir recibiendo los beneficios del programa, sin embargo, los medicamentos a veces no son suficientes, las vacunas se las traen en poca cantidad y hay que esperar varias horas para recibir atención.

Tanto la clínica de Comalteco como la casa de salud de Ojite de Matamoros fueron construidas con la cooperación semanal de 50 pesos por cada familia. Ello pasa en todo el Totonacapan, donde contrastan las pequeñas casas de salud construidas con esfuerzo de la ciudadanía, con inversiones millonarias de hospitales que después de años siguen en obra negra.

En esta Sierra Totonaca existe el Hospital Regional de Entabladero conocido como "el hospital de la muerte".

Ante esta situación los pobladores decidieron manifestarse pero la protesta de padres de las comunidades de Coxquihui y Espinal fue reprimida, "de lo cual damos fe, pues integrantes de nuestra organización acompañaron y documentaron las características de la manifestación en su calidad de observadores de derechos humanos", señala en un comunicado la RUDH.

La represión fue ejecutada mediante actos de ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad de al menos ocho personas, entre ellos el agente municipal de la localidad Oriente Medio Día, Espinal, así como intimidación a través de detonaciones de armas de fuego.

"Estos actos de autoridad no sólo fueron reprobables y violatorios de los derechos humanos que el propio Estado tutela, sino constitutivos de delitos según el Código Penal Federal, Capítulos II, III, III Bis, y VII vigente en México, así como de las directrices que deben observar los servidores públicos para la detención y puesta a disposición de personas establecidas en el Acuerdo A/079/12 DOF, por tanto nos resulta alarmante que el titular del gobierno del estado de Veracruz haya ordenado –como él mismo reconoció en sus declaraciones públicas del día 10 de octubre ante los medios de comunicación– el desalojo de los pobladores".