Política

Veracruz retrocede en transparencia de información presupuestal: IMCO

octubre 10, 2017

El Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2017, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) sostiene que mientras que en los últimos 10 años, el promedio de cumplimiento de 116 indicadores legales y de desempeño de la administración pública estatal de las 32 entidades federativas creció de 53% a 83%, en contraste Veracruz perdió 8 lugares al pasar del lugar 22 al 30 en cuanto a la mejora de prácticas de contabilidad gubernamental en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos, realizando un gasto percápita de 5 mil 800 por habitante para educación, salud, seguridad pública y obras.

El documento virtual recuerda que en 2008 se creó el IIPE, que es un estudio que mide de forma anual la calidad de la información presupuestal de las entidades federativas, verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental y año con año evalúa el comportamiento de las administraciones públicas sin importar al partido al que pertenezcan.

El índice 2017 aborda 116 criterios divididos en 10 secciones, de los cuales 64 (55%) están basados en la legislación y los 52 (45%) a partir de buenas prácticas, luego realiza un comparativo por estado; el año anterior, registró que 22 estados mejoraron su transparencia, 3 se mantuvieron igual y en 7 hubo retrocesos, entre ellos Veracruz.

Los estados que más avanzaron (2016-2017) fueron Querétaro que creció 21 lugares; (del 28 al 7); Quintana Roo: 16 lugares (del 32 al 16); Sonora: 13 lugares (del 24 al 11). Los que más retrocedieron (2016-2017) fueron Baja California Sur: 10 lugares (del 16 al 26), Veracruz: 8 lugares (del 22 al 30) y Guerrero: 8 lugares (del 20 al 28).

Veracruz sólo cumple en 2017 con el 61.2% de los indicadores, cuando su máximo en 2015 fue del 71% y en 2016 bajó a 65%, es decir en 2 años escondió el 10% de la información.

El estado dispone para este año de un presupuesto de 101 mil 998 millones 71 mil pesos; tiene una deuda de 38 mil millones de pesos, destinará 6 mil 618 millones 54 mil pesos para el pago de ésta, lo que representa el 17.5% de pago de las obligaciones financieras antes que la atención de la deuda social, en donde figuramos

El gobierno de Veracruz gastaría por habitante 12 mil 492 pesos (para los 8 millones 112 mil 505 pobladores) menos el 6.4% del presupuesto dedicado al pago de la deuda en realidad se reduce 11 mil 710 pesos, menos el 5 mil 855 son de gasto corriente (salarios, prestaciones, rentas, servicios, mantenimiento, etcétera), que representa el 50% de su presupuesto, esto es el gasto efectivo para educación, salud, seguridad pública y obras es sólo de 5 mil 800 pesos.

Aunque la deuda de Veracruz según el gobernador es de 38 mil millones de pesos, el pasivo circulante es de 46 mil millones de pesos.

La tendencia general, concluye el documento, fue que a mayor presupuesto menor transparencia presupuestal. Mientras que Colima, Tlaxcala, Campeche y Aguascalientes, cuatro de las cinco entidades con menor presupuesto obtuvieron una calificación mayor a 89%; la Ciudad de México, los estados de México, Nuevo León y Veracruz, cuatro de las cinco entidades con mayor presupuesto, tuvieron menos de 74%, esto es 15 puntos porcentuales de diferencia.

Con respecto al gasto destinado a la atención de la niñez y adolescencia, a la mitigación de los efectos del cambio climático y a la equidad de género, el IIPE detectó que 20 estados tienen anexos que permiten dimensionar el gasto público destinado a niñas, niños y adolescentes con base en criterios de Unicef, en donde destaca Querétaro que transparenta los recursos que distribuye a cada partido político. Chiapas desglosa los fideicomisos públicos del estado y los recursos destinados a cada uno. Baja California Sur publica las transferencias correspondientes a cada uno de los municipios del estado, lo que representa un avance importante.

Destaca que en las entidades gobernadas por el PRD es donde más registraron problemas como Tabasco que presenta su presupuesto de forma ilegible y Michoacán publica el presupuesto de egresos con el mismo formato de hace 10 años, a pesar de que éste pasó de 33 mil 800 millones de pesos en 2008 a 61 mil 800 millones de pesos en 2017.

Con la promulgación del paquete de reformas el 18 de julio del año pasado y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los estados tienen menos de cuatro meses para la implementación de sus Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) y la transparencia es un aspecto básico que aún no se ha logrado y en particular el castigo para estas omisiones.

Para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se requiere un trabajo integral del Estado mexicano de manera eficaz, las entidades tienen la obligación de contar con un SLA cuya estructura y facultades sean equivalentes a la Ley General del SNA y en este contexto Jalisco, Morelos y Veracruz son los estados más preocupantes.

Si bien los tres cuentan con una Constitución que contempla Sistemas Locales Anticorrupción, su estructura carece de cuestiones esenciales, se limitaron a incluir al Sistema Local Anticorrupción y a su Comité de Participación Ciudadana de manera general en su Constitución pero no incorporaron en su régimen de responsabilidades administrativas el procedimiento de nombramiento del Comité de Participación Ciudadana, el cual lo lleva a cabo el Congreso del Estado.

Además, su Órgano Superior de Fiscalización no cuenta con las atribuciones conferidas a ella por el nuevo régimen de responsabilidades administrativas, es decir, no investiga ni substancia las faltas administrativas no graves.