Política

Gasoducto, gobernados y taimados

octubre 09, 2017

Los gobernados llevan muchos años de desconfiar de las autoridades por sistema. Incluso cuando son de sus simpatías o pertenecen a su mismo partido u organización. Casi medio siglo de estancamiento económico, corrupción obscena, rescates bancarios, fobaproas, matanzas semi industriales, espectáculos macabros y pobreza ampliada explican el recelo. Las autoridades tienen, además, la reprobable costumbre de mentir. Lo hacen por sistema, por impulso, porque mamaron desde párvulos los modos, los rituales y las justificaciones de que quienes están en el gobierno tienen poder para hacer lo que les venga en gana. De ahí el convencimiento de que siempre es bueno tener palancas o amigos con influencia.

Justo en eso confían las trasnacionales que operan en México. Desde Odebrecht y OHL hasta los testaferros locales de las empresas trasnacionales para obtener ventajas. Y es clarísimo que obtienen lo que quieren.

La oposición ciudadana al gasoducto que alimentaría de gas natural a dos empresas trasnacionales impresentables crece. Por lo pronto, la población que vive y desarrolla sus actividades a la vera del trazo del gasoducto acusa que las autoridades actúan en secreto en contra de los intereses ciudadanos al decirse ignorantes de los trabajos que se hacen a la vista de todos.

Las autoridades estatales, pero sobre todo la municipal, deben dar la cara y transparentar las decisiones de lo que ya está en proceso de construcción.

¿Quién avaló que se iniciara la construcción? ¿El municipio? ¿El gobierno estatal? ¿Quién lo hizo y con autorización de quién? ¿Cuáles son las dimensiones de un gasoducto para alimentar dos industrias de ese tamaño? ¿A qué profundidad de la superficie deben ser instalados? ¿Es prudente que un gasoducto industrial atraviese zonas habitaciones y comerciales como es claro que hará éste? Las experiencias mexicanas sugieren que no.

¿De quién es la mano de obra que los construye? ¿De la empresa? ¿Del municipio? ¿El municipio destinó personal municipal a la construcción de una obra privada?

El asunto no es menor. Es sustantivo que las autoridades expliquen con claridad qué han autorizado, quién lo ha hecho y por órdenes de quién. Dónde están las valoraciones medioambientales y de seguridad que se han hecho. ¿Existen?

¿Cuáles son los fundamentos y los racionales con los que se autorizó una obra a la que la población se opone explícitamente?