Política

Editorial

octubre 07, 2017

El autoritarismo es una forma de hacer política. Es independiente de la polaridad e intensidades ideológicas. Quienes lo ejercen y quienes se benefician de su presencia suelen ser bastante deficitarios en materia de sensibilidad. Ambas, sensibilidad social y política. Sus decisiones suelen ir dirigidas a suprimir lo diverso y expander la uniformidad. Los resultados que se buscan en las decisiones no tienen tanto que ver con el interés público como con el logro de la unanimidad, la uniformidad y la satisfacción del ego.

La historia ha regado muchísimos casos de autoritarismos referenciales. Todos, independientemente de su polaridad, comparten el que los gobernados los sufren.

Los autócratas no ven al otro, no ven a sus gobernados. Ven su agenda y al buen cultivo de su propio poder.

El actual gobierno veracruzano ha sido generoso en sus desplantes y decisiones autoritarias. El perfil del titular del Ejecutivo trasmina a sus colaboradores que, por lo demás, es una esencia que comparte.

Eso explica en parte que el fiscal Winckler esté abocado exclusivamente a la instrumentación de la revancha y deje en un turno subordinado asuntos tan inaplazables como el poner al tanto a los familiares de desaparecidos el capítulo en el que van las investigaciones y hallazgos en fosas.

Pero hay algo que es imperdonable y que merece una investigación legislativa seria sobre las decisiones del gobierno y los procedimientos para tomarlas.

La edición de ayer de La Jornada Veracruz mostraba en su foto de primera plana a policías de la Secretaría de Seguridad Pública con uniforme de Fuerza Civil (sic) y perros revisando las mochilas de muchachos estudiantes del Tec de Veracruz.

Fue un acto de botepronto, el operativo mochila, por el que, sin ningún aviso ni cosa que remotamente lo parezca, se apersonaron policías a formar en línea a estudiantes y revisarles sus mochilas. Sin ninguna autorización de juez, sin ningún otro argumento que el de la sospecha, porque este es un país en donde el delito de sospecha se persigue de oficio y, si se es joven, es agravado.

La acción ayer de la autoridad es completamente inaceptable. Intolerable, es mejor expresión. ¿Cómo es posible que se haya procedido sin orden para allanar un recinto educativo? ¿Cómo es posible que las autoridades escolares lo hayan permitido? ¿Cómo es posible que la sociedad y los padres de esos muchachos vejados no hayan alzado su voz en protesta y rechazo absoluto a ese desplante de corte fascista?

¿Con qué derecho la policía irrumpe para sospechar de los alumnos de una escuela?

¿Qué es esto? ¿Qué gobierno es éste? ¿Dónde están los estudiantes solidarios protestando por el abuso a otros alumnos de otras escuelas?