Política

Expediente 2017

octubre 05, 2017

◗ Camaleón político

Hay dos Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, el titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). El Portilla del sexenio anterior y el Portilla del bienio actual. Y entre uno y otro, una distancia abismal.

En el duartazgo, por ejemplo, responsable de fiscalizar la cuenta pública, apegado a la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas, nunca, jamás, jamás, jamás, miró, advirtió, olfateó ni detectó tantas irregularidades, negocios, digamos, lícitos e ilícitos.

En tanto que, su contraparte, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, desde el primer semestre del año 2014 detectó los desvíos de los recursos federales y hasta interpuso una denuncia penal en la Procuraduría General de la República y notificó al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, para apretar tuercas a Javier Duarte congelando las participaciones, como establece la ley. Portilla Vázquez, entonces, aplicó la ley francesa, "dejar hacer y dejar pasar".

Y muchos, muchísimos atropellos fueron cometidos con el presupuesto como si el gobierno de Veracruz fuera una hacienda porfirista manejada por un capataz y jefe máximo, Javier Duarte y su esposa, Karime Macías ("Merezco abundancia, merezco abundancia") y los duartistas afines, entre ellos, Érick Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Alberto Silva, Édgar Spinoso, Tarek Abdalá, Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo, Jaime Porres, Moisés Mansur Cisneyros, Juan José Janeiros y Franky García.

Nunca vio Portilla los ilícitos. Quizá, y porque así le convenía, nunca los quiso mirar. Tendrá sus motivos y que en ningún momento son razones sociales. Y menos, tratándose del gasto público, el erario captado con el pago fiscal del contribuyente.

Pero a los ojos de la rendición de cuentas y la transparencia, calló y el silencio es sinónimo de complicidad y de negligencia, delito considerado en la ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

Justicia selectiva

Entonces, en la elección del año anterior, el PRI con su candidato Héctor Yunes Landa fue derrotado y derrotado también el tricolor en la mayoría de los diputados locales y este año con la mayoría de las presidencias municipales, y las más importantes, en población, pero más todavía, en ingresos. Y Portilla Vázquez cambió.

En el sexenio anterior, nunca, por ejemplo, descubrió ilícitos en las Cuentas Públicas. Ahora, de pronto, zas, "la cueva de Alí Baba" en su dimensión estelar. Significaría, entonces, que si en el duartazgo encontró pillerías, por alguna razón poderosa, poderosísima decidió guardar silencio.

Pero al mismo tiempo, abrió y guardó el expediente negro de Duarte y Karime y los duartistas, listos para ocuparse algún día.

Y el día llegó el primero de diciembre del año anterior, exhibiendo en el tendedero público tantos desmanes que tienen azorrillados, doblegados y doblegados, a un montón de duartistas, unos presos, otros prófugos de la justicia (Leonel Bustos y Carlos Aguirre Morales) y otros temerosos por una posible detención de parte de autoridades.

Peor tantito, todo indica que el titular del Orfis está aplicando, digamos, una justicia selectiva, quizá porque es un devoto de Benito Juárez con su máxima de que "a los amigos justicia y gracia a y los demás justicia secas".

Por ejemplo: ningún señalamiento de Portilla Vázquez en contra del ex Contralor, Ricardo García Guzmán, el responsable de fiscalizar todo y con todo al duartazgo, incluso, los recursos federales.

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La impunidad total y que, por añadidura, se extiende a uno de los hijos de García Guzmán que despacha como presidente municipal de Pánuco.

Justicia selectiva, por ejemplo, para los diputados Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo y Tarek Abdalá, quienes pasaron por la tesorería de la secretaría de Finanzas y Planeación, en donde "hacían y deshacían", por encima, incluso, del titular de Sefiplan, pues la confianza de Javier Duarte con ellos era enorme.

Portilla Vázquez, alentando, todo indica, la impunidad.

Portilla, en la mira de la ASF

La población pendiente del destino social está indignada con tantos abusos y excesos del poder público consumados en el sexenio anterior.

Todos los que "metieron la mano al cajón" y "ordeñaron la vaca" han de ser procesados y obligados, de paso, "a devolver el dinero robado".

Incluso, mal se ven quienes arguyen "una persecución política" y "una cacería de brujas", cuando, caray, saquearon las arcas y agraviaron con la soberbia y altanería y el desdén a la población.

Por eso, una de dos: Lorenzo Antonio Portilla se arregló con el bienio azul a cambio de favores o él mismo se volvió "más papista que el Papa" para congraciarse, pues a todos luces resulta insólita su gran capacidad camaleónica.

Es el caso, por ejemplo, del sexto secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrin, a quien tampoco ha tocado para nada, cuando, caray, el mundillo político, las cúpulas, saben de uno de sus negocitos como aquel de la súper escuela de su hija.

En contraparte, las denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, en contra del duartazgo incluyen a un montón de ex funcionarios públicos, entre ellos, al mismito Portilla Vázquez.

En una, cuando la ASF detalla el desvío de los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) por dos mil 551 millones 389 pesos, y en donde comparte honores con Jorge Jaramillo Méndez, Fernando Chárlestón, Mauricio Audirac, Tomás Ruiz, Édgar Spinoso, Vicente Benítez, Luis Fernando Antiga Tinoco, Enrique Roríguez Piñero y Rodrigo Joel Armas Márquez.

Y en otra, relacionada con los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, FASPEDF, por 55 millones 505 mil 541 pesos, y en donde comparte acciones con Carlos Aguirre Morales, Fernando Charleston, Mauricio Audirac, José Salvador Sánchez Estrada, Antonio Ferrari Cazarín, Nicolás Baizabal, Juan Gabriel Hernández y Juan Felipe Aguilar de la Llave.

El cochinero, pues.