Política

Las empresas mineras

octubre 03, 2017

Se dice que la industria extractiva en México contribuye con una parte significativa de la actividad económica del país. Se dice que la industria minera contribuye con 1 por ciento del PIB, mientras que la petrolera aporta 16 por ciento de los recursos públicos. Es impreciso o la proporción sólo se refiere a las empresas mexicanas como el Grupo México, porque el cáncer de las empresas mineras canadienses no deja ni eso. Hay un serio problema de fiscalización, pues los ingresos tributarios relacionados a la industria minera son mínimos.

Los tres últimos gobiernos federales han permitido el asentamiento de empresas mineras de la peor calaña: la minería a cielo abierto. Es un problema mayúsculo con aristas múltiples, todas ellas críticas. Gracias a los tres últimos gobiernos federales, México es de los países del continente que más conflictos suman por la presencia de tales empresas.

Desde luego la devastación ambiental, baste recordar la desaparición del cerro de San Pedro que identificaba a San Luis Potosí y que fue reducido a polvo por la Minera San Xavier, fachada aborigen de la empresa corporativa canadiense Goldcorp Incorporated. Desde septiembre de 2000, el Instituto Nacional de Ecología clasificó el proyecto de la Minera San Xavier –para explotar oro y plata con una mina de tajo a cielo abierto en cerro de San Pedro, San Luis Potosí– como un asunto crítico. A los tomadores de decisiones gubernamentales les pareció que miserables 26 millones de dólares compensaban los daños. Criterio con el que se ha devastado amplias zonas del país y que al final del día aportan nada excepto impactos medioambientales y de salud prohibitivos y abultadas cuentas bancarias de gobernantes. La inversión canadiense representa 65 por ciento de las inversiones. Pero es la industria minera nacional la que genera verdaderos ingresos al país, por la producción de plata, bismuto, plomo y molibdeno.

Así como se prioriza la explotación petrolera por encima de cualquier otra actividad económica, la Ley Minera vigente desde 1992 también declara a esta actividad de "utilidad pública" y le otorga un carácter de preferente a la exploración, explotación y beneficio de minerales sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de la tierra, excepto la exploración y extracción de hidrocarburos. Además, obsequia el otorgamiento de concesiones a inversionistas por 50 años y en caso de considerarse necesario, hasta por otros 50 años más. Una delicia de diseño en contra de los intereses del país. La bonanza extractiva es directamente proporcional a los enormes rezagos sociales, así como a elevados niveles de pobreza y desigualdad de las zonas donde se ubican tales minas: 76 por ciento de los municipios que concentran la producción nacional de oro y 87 por ciento de los que concentran la producción de plata, tienen niveles de pobreza mayores al promedio nacional.

Ante el desastre medioambiental y social se precisa con urgencia lo que no tenemos. Esto es un Estado activo que diseñe y ponga en práctica políticas con sentido público integradas y sistémicas a largo plazo. Para ello, deben fortalecerse y acatarse las políticas y mecanismos de acceso a la información, participación y consulta previa, que garanticen los derechos humanos y la prevalencia del interés público directo; el derecho a la autodeterminación, al uso y goce de la tierra, el territorio y los recursos naturales y al consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas y campesinos.

De otro modo, será la desertificación y el desastre.