Municipios

Exigen explicación a Yunes por muertes en el chirinato

septiembre 12, 2017

"A usted le exigimos el deslinde de responsabilidades por su actuación como secretario de Gobierno en el sexenio de Chirinos Calero, de los hechos en las comunidades Cantollano y Plan de Encinal, de Ixhuatlán de Madero", exigen en una misiva integrantes del FDOMEZ, dirigida al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y que cumpla la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la tortura y muerte de Rolando Hernández y Atanasio Hernández, quienes fueron secuestrados por la policía del estado en 1994.

Dos integrantes del Frente Democrático Oriental Emiliano Zapata (FDOMEZ) y del Frente Nacional de Liberación Social (FNLS) llegaron al mediodía al palacio de gobierno para pedir justicia por Rolando y Atanasio Hernández, jóvenes indígenas del norte del estado que el 8 de septiembre de 1994 fueron asesinados por policías del estado y encontrados muertos, sin ojos ni genitales en el río Chiflón.

La detención, tortura, mutilación y ejecución extrajudicial continúan en la impunidad, "que Yunes Linares diga qué es lo que sabe del caso. Este caso fue llevado a la CIDH y ésta hizo una recomendación al señor gobernador para que haya juicio contra los responsables de esta crueldad que sufrieron los compañeros" , señaló Benjamín Hernández.

También, un año después, el 18 de agosto de 1995, en la comunidad de Cantollano fue ejecutado extrajudicialmente Nicolás Hernández Hernández, "por luchar de forma organizada e independiente de la tierra y su defensa, por policías y pistoleros comandados por el cacique René Monroy".

Por ello, en la misiva le dicen al gobernador veracruzano "cuando aconteció la perpetración de ambos crímenes de lesa humanidad, usted fungía como secretario de Gobierno de Veracruz, este es el motivo de la presente".

De cuatro hojas es la carta enviada al gobernador, que de acuerdo a los encargados de la correspondencia del Ejecutivo, les avisaron a los cuatro emisarios que en tres días tendrían una respuesta. Además agregan en la carta: "los crímenes derivaron de operativos policiacos en donde al ser usted el responsable de la seguridad del estado y de los cuerpos policiacos, tuvo el conocimiento, ya sea antes, durante o después de la comisión de este crimen, ¿qué fue lo que hizo de su parte?".

De acuerdo con autoridades comunitarias, organismos defensores de derechos humanos, familiares y vecinos, el brazo ejecutor fue el ex presidente municipal Tranquilino Hernández Reyna, sus pistoleros respaldados por policías judiciales y municipales, con el consentimiento de Elmer Prior, quien fungiera como presidente municipal de Ixhuatlán de Madero.

Sobre estos crímenes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitieron recomendaciones al existir pruebas y testimonios de las familias de los jóvenes campesinos asesinados.

Pero también llegó a la CIDH. "En fecha 20 de octubre de 1995, Darío Arteaga Pérez, agente municipal de Plan del Encinal (municipio de Ixhuatlán de Madero, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC. y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentaron ante la CIDH una denuncia que el día 8 de septiembre de 1994, aproximadamente a las 7 de la mañana, un número no determinado de policías judiciales del estado de Veracruz y pistoleros al servicio del cacique y ex presidente municipal de Ixhuatlán de Madero, Tranquilino Hernández, llegaron a la comunidad de Plan del Encinal, allanaron las casas, destruyendo de cuanto encontraban a su paso e hirieron con arma de fuego a Rolando Hernández y Atanasio Hernández, de 17 y 28 años respectivamente, a quienes se llevaron amarrados cuando los policías se retiraron de la comunidad".

El día 12 del mismo mes fueron encontrados los cuerpos de Rolando y Atanasio Hernández Hernández, por miembros de la comunidad de Cantollano en el río Chiflón, 8 kilómetros debajo de donde sucedieron los hechos, Los cuerpos presentaban claras muestras de tortura.

El 5 de mayo de 1998 la CIDH publicó su informe de Fondo 1/98, sobre el caso, y concluyó: "el Estado mexicano es responsable de la violación de derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, de conformidad con los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, por los hechos ocurridos el 8 de septiembre de 1994 en la comunidad de Plan del Encinal".

Entre las violaciones a los derechos humanos está que los agentes del Ministerio Público se negaron a certificar el estado en que fueron encontrados los cuerpos y las huellas de tortura que presentaban y por lo tanto a dar orden de autopsia, asimismo, se negaron para que se realizara la exhumación de los cuerpos y sólo autorizaron el de uno.

La CIDH señala que "el Estado no controvierte los hechos denunciados ni aporta elemento alguno que permita a la CIDH considerar que ha adoptado alguna medida para cumplir con la correspondiente recomendación del informe 50 /97".

Pero también indica que una vez que ésta estableció que un Estado es responsable por la violación de derechos humanos, el mismo Estado está obligado a indemnizar a los familiares de las víctimas, independientemente del resultado de las investigaciones internas.

"También la CEDH-V emitió la recomendación 62/94 y fue dirigida al procurador de justicia, que en 1994 el titular era Rodolfo Duarte Rivas, con el número 187 97 la CNDH recomienda al gobernador del estado hacer una investigación imparcial de los hechos y con el informe 1/ 98 la CIDH recomienda al Estado mexicano realizar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos, así como pagar una indemnización a los deudos".

Ninguna de las tres recomendaciones se han cumplido, "queremos justicia, más que una indemnización, porque no queremos vender la sangre de los compañeros, porque si recibimos dinero es como si vendiéramos nuestra lucha", coincidieron en entrevista Benjamín Hernández Hernández y Crispín Martínez, quienes también se quejaron porque siguen sufriendo de represión ante cualquier intento de manifestación, por lo que dijeron, "hacemos responsable al gobierno si algo nos llega a pasar por venir a exigir justicia".