Política

Patético

septiembre 12, 2017

El gobierno de Miguel Ángel Yunes decidió no entregar la Junta de Coordinación Política de la Cámara de diputados veracruzana a Morena. Compró para eso a dos ex priístas reciclados, Camerino Basilio Picazo y Regina Vázquez Saut.

La compraventa de voluntades y edulcoraciones ideológicas son prácticas parlamentarias, censurables si se quiere, pero legales. La diferencia no la determina la acción de saltar de una bancada a otra, sino la o las razones por lo que se hace.

En tiempos de la partidocracia es peregrino esperar de los partidos políticos consistencia ideológica. Mucho menos honradez de propósito.

Un caso histórico referencial es aquel cuando Sir Winston Churchill, constructor de la historia del siglo pasado, cruzó el pasillo del Parlamento para sentarse entre los liberales y laboristas. Los motivos de Churchill eran de Estado. Chamberlain había cedido ante Hitler y, pese a todo, éste invadió Polonia, lo que desató la Segunda Guerra Mundial. Churchill denunció y reclamó las decisiones de su propio partido porque veía con claridad la inevitabilidad de la guerra y los Torys conservadores se le fueron al cuello por sus ataques contra Chamberlain. Al final cumplió lo que prometió: sangre, sudor, lágrimas y victoria. Churchill, conservador hasta la médula, cambió de bancada por razones de Estado, porque su propio partido tomaba decisiones equivocadas sumamente peligrosas.

Ésa es una forma de cambiar de bancada. Hay otras. Como las de los priístas Camerino Basilio Picazo y Regina Vázquez Saut convertidos apresuradamente en panistas para no dejar la junta de coordinación política en manos de Morena. Ambos han sido vilipendiados y señalados como traidores.

Frente a eso, la diputada María Josefina Gamboa Torales advirtió a los reporteros que de criticar o exhibir a los neo panistas incurrirían en difamación, por lo que desalentó a los reporteros de la fuente a no reproducir notas alusivas a las investigaciones que se realizan donde el diputado Basilio Picazo es mencionado porque ello sería difamación.

Es impreciso, los reporteros no difaman al preguntar ni al publicar la información que es pública. Hacia fines de julio pasado fue el propio secretario de Seguridad Pública quien vinculó a dos diputados en hechos delictuosos. De uno dijo que conducía en estado de ebriedad y que fue detenido. Respecto al ahora panista Basilio Picazo, el secretario de Seguridad dijo frente a los diputados que a familiares de éste se les había decomisado un camión cargado de madera posiblemente irregular. De otro diputado, Fernando Kuri, cobijado por una suerte de bancada testaferra del PRI a la que bautizaron Juntos por Veracruz, el secretario dijo que una de sus empresas era mencionada en una investigación federal.

El diputado Fernando Kuri decidió desgarrarse las vestiduras diciendo que el secretario de Seguridad Pública había amenazado a los diputados.

Dicho en breve, la diputada Gamboa reclama a los periodistas algo que el ex secretario puso en la mesa de la discusión pública.

Lo que realmente importa no es la naturaleza y contenido de las preguntas de los reporteros, sino los profundos reflejos antidemocráticos de la diputada que amenaza a los periodistas con desatarles procesos judiciales. Simples formas más sutiles para desalentar con amenazas las preguntas de la prensa.