Política

ECP* Gobierno abierto

agosto 30, 2017

Sin importar su signo y polaridad ideológica, los gobiernos autoritarios implican la obsesión por la secrecía. Los conceptos autoritarismo y gobierno abierto son excluyentes.

El gobierno de Miguel Ángel Yunes es eso, autoritario, lo que supone dosis importantes de voluntarismo y poca disposición al escrutinio y a los principios de gobierno abierto. Hace sentido, pues, que el IVAI haga público un rezago significativo en materia de solicitudes de información. Eventualmente alguien explicaría que el rezago obedece al margallate administrativo heredado del gobierno anterior. Es improbable, porque el IVAI deja claro que es una actitud compartida con el diarismo.

El autoritarismo siempre es paranoico y secretista. Nada que hacer, no tiene remedio, es su naturaleza y combina en ella dos motivaciones basadas en su condición autorreferencial: la paranoia y el patrimonialismo.

La experiencia mexicana no ha conocido situaciones democráticas plenas, excepto, tal vez, por dos sucesos: el triunfo de la Guerra de Reforma, en el siglo XIX y el primer gobierno post revolucionario. Ambas, fagocitadas por las atomizaciones políticas de su momento y por la imposibilidad de hacer acuerdos fundacionales incluyentes que recogieran los intereses sustantivos de todos. No sólo el gracioso beneplácito de la facción vencedora.

Vistos los resultados de las alternancias, cualquier cambio verdaderamente significativo en materia de cultura democrática deberá venir desde la sociedad. No vendrán nunca del poder porque equivaldría a renunciar a parte importante de su capacidad de concreción.

El autoritarismo sintoniza bien con las sociedades a las que se les dificulta procesar la incertidumbre; ya sea por las imposiciones de la sobrevivencia o por ideologías que promueven la aceptación de los argumentos de autoridad, y la mexicana es de las dos.

La sociedad abierta es una en la que los hombres han aprendido a ser hasta cierto punto críticos de los tabúes y las verdades convencionales, para basar las decisiones en la autoridad de su propia inteligencia y análisis. Lo que implica buscar información y cotejarla con la realidad. La información de gobierno y sus gestiones no es un bien privado, y los empleados y funcionarios públicos que la escamotean a la sociedad deben ser castigados. Lo que implicaría darle dientes al IVAI.

Un gobierno abierto a dar la información de su gestión y de las condiciones históricas anteriores, es un gobierno que cimenta y da pie a procesos democráticos y democratizadores. Los principios son simples: transparencia, colaboración, y participación. Las tecnologías de la información actuales hacen realmente posible lo que de otra forma sería apenas un declaración de buenas intenciones.

Entre la urgencia de lo cotidiano, y la cacofonía de las coyunturas políticas, la desorientación degeneraliza. No basta con aspirar a procesos de elección sin trampa, es preciso impulsar los principios del gobierno abierto: que impulsen el derecho ciudadano a participar activamente en la definición de las políticas públicas y animar al sistema a beneficiarse del conocimiento y experiencia de los ciudadanos. Aumentar el protagonismo e implicación de la sociedad en asuntos públicos.

Un gobierno colaborativo que involucre a la ciudadanía y actores públicos en el trabajo de administración. Cooperación no sólo con ésta, sino con las empresas, las asociaciones y demás agentes en una sociedad concreta.

Esto es posible sólo cuando existe una población con iniciativa. Los procesos que logran la aspiración democrática son deficitarios. Basta echar una ojeada al larguísimo proceso, o procesos, de la llamada transición democrática. Precisa de la voluntad individual ciudadana que, sumada, hace masas.

Precisa también de la voluntad de los tomadores de decisiones, de la resolución política a hacer frente a los nuevos paradigmas de la tercera revolución tecnológica.

Acción ciudadana y acción política son caras opuestas de la misma moneda. Si uno de los factores se niega el estancamiento puede ser paralizante e incluso violento.

Los gobiernos abiertos son posibles porque existe la tecnología para hacerlo, pero no bastan ni las iniciativas concretas ni la buena intención de los impulsores, el asunto está en decidir si debe demandarse un cambio en la forma de gobernar y exigírselo a los actores políticos, o si la sociedad debe tomar la iniciativa y presionar sobre sus gobiernos para llegar a una supervisión ciudadana cotidiana y colocar la información sobre las decisiones públicas en plataformas que puedan ser revisada por todos los interesados.

*Es Cosa Pública