Política

ECP*

agosto 23, 2017

w Unesco, gobiernos y prensa

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares critica a los medios de comunicación que no reconocen los cambios habidos en su gobierno. Es discutible, es difícil pensar en algún observador de la realidad cotidiana medianamente serio que le pasen desapercibidos o que se empecine en negarlos por la mera necedad de hacerlo.

Es claro que ha habido cambios, es claro que éstos son limitados y también es claro que apenas ha habido tiempo de hacer lo necesario para reconstruir la viabilidad del estado. Es peregrino esperar resultados claramente visibles en el tiempo transcurrido. Después de la suma de los dos últimos gobiernos priístas el estado quedó completamente desmadrado. Entre el desastre financiero económico, múltiples crisis paralelas, la violencia, la presión de las empresas y organizaciones criminales sobre las estructuras políticas formales –más claramente en las presidencias municipales– la acumulación de disfunciones crecientes y la debilidad institucional estructural hacen que estado camine con dificultades múltiples.

Pero la función social del ejercicio periodístico no es tanto reconocer las bondades y esfuerzos gubernamentales como el de empeñarse en captar la realidad de forma fiel y verificable, captar el ánimo general de la sociedad frente a los asuntos y problemas públicos y reflejarlo.

Señalar lo indeseado y lo irresoluto del montón de pendientes acumulados es, entre otras, la función social del periodismo. Lo es así porque los medios informativos son vehículos comunicantes entre gobiernos y sociedades. Los gobiernos, como actores responsables de la primera línea, están sujetos al escrutinio de la sociedad y los medios. Éste, el escrutinio, corresponde mayoritariamente a los aspectos que merecen atención o porque son disfuncionales o por los costos que implican, generalmente económicos o sociales.

Hace poco, una editorial de La Jornada Veracruz aludía al tema en relación a un decir similar expresado por el secretario de Seguridad Pública del estado. Los gobiernos, cuando quieren arreglar los problemas, no la tienen fácil. Su voluntad suele estrellarse contra las inercias de un sistema de reproducción política sustentado en la corrupción y apropiación del dinero público y la debilidad institucional crónica que atraviesa al Estado mexicano.

Las relaciones entre el gobierno y la prensa tienen una larga historia de tratos inconfesables, desde el sobre con dinero hasta las amenazas o el hostigamiento judicial. Es preciso escapar de esa lógica y construir interacciones sanas.

Si los medios reconocen, o no, lo hecho por el gobierno es irrelevante. Lo sustantivo es que el gobierno sea abierto y dispuesto a informar, aún frente a crítica que considera inmerecida o polarizada por no hablar de lo que sí está bien. Esto último es tarea de los gobiernos, informar sobre lo que hacen. De preferencia con precisión.

La función de los periodistas es verificar y confrontar la información con otras fuentes de datos. Entre una y otra es natural que exista tensión.

Por eso y por otras causas no menos importantes es que el informe McBride de la Unesco en 1980 es una inflexión sustantiva que supuso un cambio de la percepción de la comunicación, incorporó al debate de la agenda sobre la comunicación una serie de temas que son ya canónicos como la obligatoriedad de los gobiernos de comprar publicidad particularmente a los medios impresos para asegurar a la sociedad que su pluralidad se vea reflejada.

Ésa es la razón de los convenios publicitarios entre gobiernos y medios impresos porque los electrónicos obedecen a una lógica distinta. Así como el Estado está obligado a destinar dinero público para garantizar la pluralidad en la representación política, también lo está en garantizar la diversidad de información y opinión con dinero público. Tal es la esencia del informe McBride de la Unesco de 1980.

*Es Cosa Pública