Sociedad y Justicia

Denuncian que la Conagua alista ley que conceda agua para fracking por trasvase

agosto 21, 2017

Tlapacoyan, Ver.- Indígenas de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca e Hidalgo, reunidos en la 21 Asamblea en Defensa de la Vida y del Territorio, tomaron el acuerdo de rechazar los proyectos mineros, hidroeléctricos o petroleros que afectarán sus ríos y tierras; alertaron que el gobierno a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) planea un reglamento para el manejo del agua y apoyar los proyectos industriales; que 7 mil 600 kilómetros serán las áreas licitadas para el fracking y sostienen que Caballo Blanco será un riesgo para Veracruz.

"¿De quién es el territorio? Es la pregunta y nuestro es la respuesta de más de mil 500 campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, desde la plaza principal de Tlapacoyan que fue el municipio anfitrión de la XXI Asamblea Maseual-Nahua-Totonakú, en defensa del territorio y la soberanía de los pueblos.

El ritual a la "madre tierra", el copal que impide que lleguen las energías negativas, la ofrenda a Tezcatlipoca que componía por los principales productos agrícolas y comida típica de la zona, dio la bienvenida a 33 pueblos y 64 organizaciones de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, e invitados especiales de San Luis Potosí, Ciudad de México y Tamaulipas, así como organizaciones latinoamericanas de Ecuador, Perú y Brasil, se pronunciaron en contra de lo que llamaron "los proyectos de muerte".

Los asistentes defienden su tierra de proyectos hidroeléctricos, de los gasoductos, de la extracción de gas a través de la técnica del fracking, de las minas a cielo abierto, que dijeron en nada les beneficia y por el contrario ven amenazadas sus propiedades ante el despojo de empresas trasnacionales que están en complicidad con el Estado.

La defensa de la tierra y el agua, y la unión de fuerzas, dijo René Belín Capitaine, integrante de la Alianza de Comunidades en defensa de los Ríos Bobos-Nautla y Tecolutla, ha podido frenar 16 hidroeléctricas derivadoras, dos gasoductos y minas, para ello se han valido de demandas y amparos. Pero con la reforma energética, se plantea construir 24 presas para hidroeléctricas mediante trasvases, que se ubicarían en 11 municipios diseminados en la región serrano-costeña poblana y veracruzana.

Las hidroeléctricas no deben llevarse a cabo –sostuvo Belín Capitaine– porque causan 22 tipos de daños ambientales, ecológicos, hídricos, sociales y de salud, además de pérdida de bosques, el semidesecamiento de ríos, la pérdida de nacimientos de agua, el azolve en los ríos que incrementan las inundaciones.

El despojo, la criminalización, la agresión, la han vivido en San Mateo Tlacotepec, que se ha comprado a peso el metro cuadrado para la construcción de una presa, en donde se va a afectar a San Martín Aguacatlán, Tlapacoyan, para beneficiar a Walmart, señaló Miguel Sánchez, indígena zoque.

Un reglamento de Conagua para fractura hidráulica

María Luisa Albores, integrante del órgano técnico Cotic (Comité del Ordenamiento Territorial integral de Cuetzalan), dijo que la Conagua quiere hacer modificaciones a su ley es que pueda dar concesiones mediante trasvase, es prácticamente entregar agua para fracking. "Una ley que se está haciendo a espaldas de pueblo, así como decían el fracking requiere mucha energía para echar a andar esa maquinaria, también requiere mucha agua y necesita de trasvase", refirió María Luisa.

Aprobar un reglamento, lineamientos del manejo del agua subterránea, ésta es una trampa porque a través de un manejo quieren aprobar el uso del agua para la fractura hidraúlica, para la industria petrolera, el fracking y la minera no pueden ser compatibles con la vida, agregó Jesús Ramírez.

Alejandra Jiménez Ramírez, de la organización Corason, dijo que extractivismo por medio de la técnica del fracking quiere despojar a los pueblos no sólo de su tierra sino también de su cultura, del agua, de la vida y de las raíces ancestrales y todo para beneficiar a capitales trasnacionales, mediante una corrupción por parte de los funcionarios del gabinete.

En Veracruz ya se entregaron concesiones petroleras, pero se viene la ronda 2.5 y ya vienen las extracciones no convencionales con fractura hidráulica y eso preocupa porque Veracruz tiene una terrible experiencia con los pasivos ambientales en temas de hidrocarburos, somos junto con Tabasco los más contaminados por hidrocarburos y en Papantla hay más de 2 mil pozos convencionales y 230 con fractura hidráulica.

Con la ronda 2. 5 se estarán licitando 291 áreas en la Cuenca Burgos y Tampico- Misantla, que involucra a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, y la superficie será de 7 mil kilómetros , en ellos está todo lo que nos da vida, por eso es importante que nos organicemos, agregó Jiménez Ramírez.

De las consultas a los pueblos

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la consulta pública a las poblaciones sobre los proyectos debe llevarse a cabo de manera obligatoria, pero además de acuerdo a los estándares internacionales: debe ser libre y en ésta tiene que ser escuchada la población.

Algunos pueblos rechazan la consulta pública porque han sido engañados, sin embargo, Jesús Ramírez, presidente de la Comisión de Pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México de la Constituyente, dijo que la SCJN, la semana pasada rechazó las consultas públicas que la Semarnat ha autorizado a modo, que la CDI ha autorizado o que le ha entregado a las empresas encuestas para que ellas las llenen y las presentan como si realmente se hubieran consultado a los pueblos.

Así los pueblos denunciaron la imposición de un modelo energético que perpetúa la explotación de la naturaleza, y sus pueblos a través de megaproyectos y zonas económicas especiales. También reclamaron la violencia ejercida en contra de los defensores de la vida y el territorio, permitiendo un clima de inestabilidad, lo que facilita la práctica terrorista de estas empresas.

Otro de los casos de Veracruz, que más preocupa es la Minera Caballo Blanco, en donde la empresa Candelaria Mining Corp ha solicitado autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental para la explotación de oro y plata en el predio La Paila, ubicado en el municipio de Alto Lucero, pero que estaría en una distancia de 3 kilómetros de la nucleoeléctrica de Laguna Verde, lo que pone en riesgo al medio ambiente y a toda una población ante el uso de explosivos.