Política

ECP*

agosto 19, 2017

Salir de la trampa

Odebrecht es una empresa altamente corruptora que tiene operaciones en 12 de los 21 países de América Latina. En todos éstos, la empresa ha seguido la misma forma de operar. Financian partidos políticos en todos los países y con ello establecen relaciones cercanas con funcionarios estratégicos o que están por serlo después de una elección. Luego, con una cartera de relaciones significativas para la concesión de contratos, Odebrecht sobrepone un sistema de sobornos amplio y poderoso. Así ha sido en todos los países del subcontinente.

Desde abril pasado, Emilio Lozoya Austin fue acusado por un ejecutivo de Odebrecht de pedir un soborno de 5 millones de dólares cuando era director de Pemex; cosa que fue dada a conocer por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Lozoya contestó que era una calumnia y que analizaría la eventualidad de demandar a quien lo señale sin fundamentos jurídicos. Quien lo acusó fue Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, director de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, personaje que ya había reconocido que su oficina se encargaba del área de sobornos. Hilberto Mascarenhas es delator en el caso Lava Jato que investiga las operaciones de corrupción desde la paraestatal Petrobras, en noviembre de 2014 había reportado una solicitud para hacer pagos ilícitos por 5 millones de dólares a Emilio Lozoya, según la acusación del ministerio público brasileño. En ese año, Pemex asignó en forma directa a Odebrecht contratos por casi 18 mil millones de pesos; un año después, Odebrecht recibió otro contrato por mil 939 millones de pesos, para una obra complementaria en Tula, Hidalgo. Todos esos contratos se otorgaron sin licitación.

Lozoya escribió una carta a la revista donde se publicó la información, la revista Veja, negando que haya solicitado o recibido dinero ilegal de Odebrecht o cualquier otra empresa. Dijo además que se "reservaba las acciones legales contra quien incurra en calumniarme sin fundamentos jurídico". Chismes, dijo. La oficina de Mascarenhas fue la que entre 2010 y 2014 distribuyó sobornos por 10.5 millones de dólares, según el dicho de otros ejecutivos de Odebrecht frente a funcionarios estadounidenses.

Como se ve, el caso Lozoya no es nuevo, se ha reactivado por las nuevas revelaciones en Brasil.

Frente a ello, Lozoya se defiende diciendo que no hay ninguna prueba de que hubiera recibido sobornos y que su fortuna la hizo como empresario.

Si nos atenemos a lo publicado del caso Lava Jato, Odebrecht ha corrompido a la mitad de los gobiernos latinoamericanos, justo donde la empresa tiene operaciones. Sería imperdonablemente ingenuo suponer que México fuera el único de los países huésped de Odebrecht en donde sus funcionarios no hayan sido corrompidos.

Durante este sexenio, se ha exhibido la tremenda permeabilidad del gobierno de Peña Nieto con la corrupción. La casa blanca, los 43 de Ayotzinapa, el tren bala de Querétaro, el grupo Higa, la invasión de mineras canadienses a cielo abierto. La cantidad de territorio nacional concesionado a éstas en algunos estados llega al 40 por ciento. La minería es de las actividades que causan mayor impacto sobre el medio natural. En agua, suelo, el aire son dramáticamente afectados y degradados debido a los lixiviados y gases que se desprenden en los procesos de trituración, lavado, corrosión y mecanismos químicos de separación. Además del consumo intensivo de agua, que afecta la disponibilidad y la calidad de la misma en tres dimensiones: alto consumo, contaminación y destrucción de las fuentes de agua.

Entre reformas estructurales, la corrupción y la vocación depredadora mostrada por el gobierno federal, en realidad no hay manera de conceder ni siquiera el beneficio de la duda al Señor Lozoya. Pero Lozoya dice que no hay ninguna prueba de que hubiera recibido sobornos.

Mientras tanto hay muertos por oponerse a los proyectos mineros y de represas. Varias empresas mineras están en exploración, por lo que da la impresión de que están paradas o que no pasa mayor cosa. Después de la exploración, caso de la mina Caballo Blanco, vendrá la construcción de la mina a cielo abierto. Y con ello la devastación en una zona crítica por la captación y cuerpos de agua cercanos.

Decir que la corrupción es sistémica no ayuda gran cosa, excepto para saber que atajarla es muy complejo porque los funcionarios públicos y el sistema de reproducción política están en manos o bajo la influencia de quienes se empeñan en beneficiarse de ella.

Se precisa una figura distinta.

Algo similar a Lava Jato, la mayor operación en la lucha contra la corrupción en la historia de Brasil y que ha costado la vida a uno de los jueces líderes del caso, Teori Zavascki, fallecido en un sospechoso accidente de avión.

Si el sistema institucional no puede, como es el caso, habrá que pensar en solicitar la ayuda de una comisión externa al país y al sistema mexicano. México pertenece a suficientes acuerdos multilaterales que permitirían construir la figura alternativa que rompa cl círculo perverso de que los delincuentes y criminales nice se investiguen a sí mismos.

*Es Cosa Pública