Política

Yunes Linares y su responsabilidad en la corrupción e impunidad

agosto 13, 2017

Siempre, los gobernadores de las entidades federativas han concentrado y ejercido un poder omnímodo, pese a la existencia en la ley de las funciones de cada uno de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial –la llamada división de poderes– pero se las han pasado por el arco del triunfo, sin embargo, en estos tiempos se da cierto espacio de manejo al permitirse una alternancia, amañada, es decir, negociación en la cúpula a efecto de no crear conflictos internos y hacer parecer que se vive en democracia cuando en los hechos son el dispendio electoral.

En los nuevos tiempos se puede afirmar que pasa lo mismo pero a lo grande, al establecerse disposiciones de supervisión –contralorías– que sólo sirven para esconder la miasma que generan las distintas áreas que maneja el gobernador o el presidente de la República a discreción y el más elocuente caso se tiene en Veracruz en que, nadie detuvo la voracidad de nadie, pues en uno y otro sitio se manejó todo con extrema irresponsabilidad, pues se pensó que no habría consecuencias, pues la responsabilidad es desterrar la corrupción e impunidad.

El abuso y la perversidad extrema rompió el saco, y un partido, el PRD, que había sido "maiceado" por el gobernante en turno, aceptó la traición al aliarse con su enemigo histórico, como es el PAN –clerical, del Opus Dei, cristeros, caballeros de Colón, etcétera– para poder derrotar al PRI, llevando como candidato a Miguel Ángel Yunes Linares, que en dos ocasiones había sido derrotado por la nomenclatura mediante las artimañas y argucias que son dignas de una mafia que se niega a morir y en sus estertóreos es capaz de todo, pero no alcanzaron sus propósitos y hoy sufren las consecuencias de sus actos indignos.

Por principio, es loable que Yunes Linares haya abierto la cloaca y que ejerza el poder como lo hizo López Arias en su momento; por lo mismo, no tendrá pretexto o alegar ignorancia si alguien se le va vivo, o no cumple a cabalidad su promesa, pues destronó con un grito al fiscal nombrado por nueve años y designó –con la complicidad de los diputados– a una persona de su confianza y si bien el tiempo de dos años de gobierno es poco para trascender en la obra pública, sí es más que suficiente para encarcelar a todos los bandidos que saquearon al estado, entre otros, diputados locales y federales, senadores, asesores externos –se habla de Enrique Jackson Ramírez, José Murat, entre otros, que cobraban y dormían a costa de los veracruzanos en hoteles de cinco estrellas– amén de presidentes municipales y demás cauda de extorsionadores.

De otra suerte, si no se llega a fondo y sólo se focaliza en determinadas personas para saciar el afán inquisitorio, o propósito mediático, se puede llegar al ominoso espectáculo del hijo del gobernador de Sonora que, después de nueve meses de prisión preventiva oficiosa, es liberado sin cargo alguno, lo que le puede salir caro al estado al tener que cubrir indemnizaciones como lo establece el artículo 113 de la Constitución general de la república, pero lo peor llegar al máximo ridículo.

En Veracruz existe el caso de Dante Delgado que, acusado por el desgobierno de Patricio Chirinos –Yunes era secretario de Gobierno– de delitos cometidos en el ejercicio del servicio público fue enjuiciado, encarcelado y luego liberado sin responsabilidad por prescripción de la acción penal, lo que no puede repetirse, pues se confirmaría lo que, a sotto voce se escucha, que todo fue una farsa montada por el sistema político y jurídico del país para dar imagen de combate a la corrupción.

No existe duda que el gobernador ha contado con el apoyo de los jueces estatales para mantener en prisión a los imputados, pues existiendo 14 medidas cautelares en el nuevo sistema penal para garantizar que no se evadan de la acción de la justicia, se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa, como lo ha condenado la Corte Interamericana de derechos humanos, porque niega la existencia de un sistema jurídico garantista de presunción de inocencia y debido proceso. Tolerancia cero, sí, pero actuar con justicia.