Política

Comunicación, gobierno y obligaciones

agosto 10, 2017

Al inicio de la década de los ochenta la Unesco ordenó a una comisión la elaboración de un análisis de los problemas de comunicación en el mundo y en las sociedades modernas. El énfasis fue puesto en la comunicación de masas para proponer un nuevo modelo y a la prensa internacional y, a partir de ahí, sugerir un nuevo orden de comunicación gobernantes-gobernados que promoviera los valores democráticos sobre la base de garantizar la pluralidad de opinión sobre los asuntos públicos y el acceso a ella. El documento es conocido como el Informe MacBride o como "Voces Múltiples, Un solo Mundo".

El documento se convirtió en la base de una convención internacional en la que los países firmantes se comprometían a dedicar parte del dinero público a garantizar la existencia de los medios, particularmente de los medios de comunicación impresos siempre en desventaja frente a los electrónicos para captar publicidad comercial, principal forma de ingreso de cualquier medio. El informe desagrega con bastante detalle las relaciones que se establecen entre medios, gobiernos, relaciones de poder y democracia.

La convención concluía que así como el Estado garantiza la existencia plural de los partidos políticos en las democracias en desarrollo, debe garantizar también la existencia de información y puntos de vista plurales incluso cuando son críticos al gobierno, porque esto asegura el acceso de todas las voces en la discusión y actuación sobre la realidad.

Este es el sentido original del porqué los gobiernos tienen la obligación de usar parte del dinero público para asegurar que los gobernados tengan acceso a todos los puntos de vista respecto al interés público. En México han sido muchos los gobiernos que distorsionan y pervierten esta obligación para comprar publicidad con dinero público a medios que coinciden con el gobierno y desalentar a los medios con opiniones diversas.

En el gobierno de Javier Duarte esto llegó a niveles grotescos por hostiles y por la apropiación del dinero público. Éstas son las razones por la que una jefa de comunicación social hoy está en prisión, y a otro –actualmente diputado federal– la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados aceptó la solicitud de Juicio de Procedencia. Razón por la que el diputado Alberto Silva Ramos tiene siete días para contestar los señalamientos de desvío de recursos.

El gobierno anterior mantuvo siempre en la oscuridad las relaciones que mantenía con los diversos medios de comunicación, aunque abiertamente los clasificaban entre "enemigos" y "aliados". Tal maniqueísmo resultó cruento y abrió muy amplios espacios de corrupción tanto en el uso del dinero como en la relación entre medios de comunicación y gobierno.

Es por esa experiencia y por elemental responsabilidad y claridad que las reglas y las relaciones comerciales entre medios de comunicación y gobiernos deben ser completamente transparentes y atentas al imperativo de garantizar al respetable la posibilidad de acceso a la información y opinión sobre los asuntos públicos y de interés público.