Política

¿Misoginia light o algo más?

agosto 05, 2017

Por segundo día consecutivo, el juez de la Sala 1-A de Veracruz, Agustín Hernández Sinués, no permitió el acceso de la prensa al juicio de Xóchitl Tress Rodríguez. La defensa solicitó la excepción porque la acusada declararía sobre asuntos personales. Curiosa forma de interpretar la ley.

El artículo 64 del reglamento general de audiencias del Código Procesal Penal dice, en efecto, que éstas pueden ser a puerta cerrada cuando pudiera ponerse en riesgo la integridad de alguna de las partes o de alguien citado para participar en el juicio; o cuando la seguridad pública o nacional puedan verse afectadas; o cuando peligre un secreto cuya revelación indebida sea punible; o cuando el juez lo estime conveniente; o se afecten los intereses superiores de menores. Curiosa forma de articular excepciones a los juicios orales que hace casi de cualquier situación algo privado cuando el juez lo estime conveniente.

Atenidos a tales motivos de excepción, habrá que concluir que la señora Tress es más peligrosa y tiene más información sensible que el ex responsable de la seguridad pública en el gobierno anterior, Arturo Bermúdez Zurita.

El mismo reglamento consigna que una vez desaparecida la excepcionalidad, el juez deberá permitir de nueva cuenta el ingreso del público. Habrá que entender entonces que la señora Tress tiene en su vida privada una gran cantidad de información que puede poner en riesgo no sólo la sanidad y claridad del juicio que se le sigue, sino que su conocimiento de información sensible puede arriesgar la seguridad nacional o la mismísima seguridad pública en el estado. Más aún que el propio Javier Duarte de Ochoa o que el jefe de la seguridad pública durante su gobierno.

Habrá que preguntar a las autoridades judiciales por qué a todos los demás participantes del gobierno anterior que han sido detenidos sólo se les ha impuesto un año de prisión preventiva, mientras que a la ex funcionaria pública se le imponen dos años. ¿No habría sólo por esa razón motivos para barruntar alguna carga misógina? ¿O qué es lo que sabe la señora Tress que no nos dicen que sabe? ¿O es que se le castiga con todo el peso del peculado por sus relaciones sentimentales?

No hay ni publicidad ni claridad en este singular juicio y sí se percibe algún tipo de interés por mantener las cosas lo menos púbicas posibles. Cosa que contradice los propósitos mismos de la reforma procesal penal.

Podría, incluso, ser asunto menor si no existiera también el insólito argumento de que no se llama a declarar a la esposa de Javier Duarte porque no era funcionaria pública. Podría, en efecto, no serlo, pero hay testimonios sobrados de que era una activa participante de los procesos de toma de decisiones gubernamentales en más de un área.

Flaco favor hace el Poder Judicial al Ejecutivo con tal cantidad de insatisfactorias explicaciones y excepcionalidades para una ex funcionaria cuyas declaraciones privadas hacen, se dice, peligrar la integridad del sistema.