Política

Violó la ley Bravo Contreras al proteger al ex mandatario, coinciden dos jueces

julio 17, 2017

El ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras violó la Constitución Política de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para proteger al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa respecto a las denuncias de desvío de recursos en el sexenio anterior.

De tal forma coincidieron dos jueces federales, quienes concedieron el amparo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares sobre la nula integración de las carpetas de investigación en contra de Duarte de Ochoa durante la gestión de Luis Ángel Bravo al frente de la Fiscalía. Además resguardan el derecho de los quejosos de poder proceder por los posibles cometidos por el ex fiscal.

En los juicios de amparo 715/2016 y 868/2017 promovidos ante los juzgados Primero y Segundo del Distrito Judicial de Xalapa respectivamente, se establece que hubo una violación al debido proceso establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de México, pues la Fiscalía de Veracruz nunca notificó a la ASF que no procedería en contra de Javier Duarte, además que nunca desahogó las pruebas presentadas por Yunes Linares.

En el amparo promovido por el entonces candidato a la gubernatura y hoy gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, un juez federal resolvió "el solicitante del amparo, en ambos juicios, expresó como conceptos de violación que la autoridad responsable viola lo previsto en el artículo 20, apartado B, fracción II, Constitucional, toda vez que ha omitido pronunciarse respecto a las pruebas que ofreció en sus escritos de querella, lo cual se traduce en un incumplimiento a la obligación que tiene de investigar los delitos, violando con ello el acceso a la justicia. Dicho planteamiento es fundado".

Además indica que la Fiscalía durante la gestión de Luis Ángel Bravo Contreras no realizó la investigación de los presuntos delitos de desvíos de recursos cometidos por Javier Duarte de Ochoa de una manera real, efectiva e imparcial, pues no utilizó todos los medios legales disponibles que permitieran la persecución, captura, enjuiciamiento y sanción a los responsables de los hechos, mediante una conducta activa y decidida.

De igual forma, el juez federal determinó que el ex fiscal incumplió con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, al no atender las obligaciones del Ministerio Público entre otras, la de recibir las denuncias o querellas respecto de conductas que puedan ser constitutivas de algún delito y ordenar que se practiquen las diligencias necesarias para la plena comprobación de un hecho que la ley señala como delito.

El otro amparo, se trata del promovido por Víctor Manuel Andrade Martínez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación en contra tanto de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Veracruz porque no se le notificó de la no procedencia contra Javier Duarte.

Se trata del expediente 868/2017 ante el Juzgado Segundo con residencia en Xalapa, donde también el juez federal estableció que la Fiscalía, a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, incumplió con investigar al ex mandatario estatal.

La ASF se quejó de la omisión de que se le haya notificado por parte del agente del Ministerio Público Tercero Investigador Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (ahora Fiscal Tercero Especializado en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz), quien determinó que en la especie no se afectaban los intereses de la Federación al considerar que dichas denuncias no versaban sobre la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales.

De igual forma, planteó que ni la PGR ni la Fiscalía de Veracruz permitieron a la ASF coadyuvar en las investigaciones. "No se recabó la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, previo a la emisión de la determinación de no ejercicio de la acción penal en relación con las denuncias penales formuladas dentro de la averiguación previa A.P.PGR/UEIDCSPAJ/SP/M-VIII/377/2014 (con identificación actual I.M. FESP/039/2015-III-02)".