Política

Ominosas

julio 17, 2017

El efecto abrasivo de las dos administraciones priístas recientes sobre las instituciones y la urdimbre social ha sido mayúsculo, por decir lo menos. La imprescindible distancia y límites entre fuerzas públicas y organizaciones criminales fue difuminado en forma sustantiva; el número de los asesinados y desaparecidos aumentó exponencialmente; en un país reconocido como peligroso para periodistas, Veracruz se convirtió en la entidad más letal; por mencionar sólo algunos de los muchos problemas acumulados y enredados que asuelan el estado.

Las distorsiones en la mentalidad de cualquier factótum meritocrático del poder y los reflejos autoritarios y secretistas de quienes medran de los bienes y dineros públicos como si fueran propios los inducen a la prepotencia de los comportamientos porriles amenazantes para quienes tienen como profesión informar.

Las autoridades veracruzanas tienen un lugar privilegiado en las prioridades de observación y monitoreo de organizaciones de protección a periodistas; Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros sin Fronteras frecuentemente señalan a Veracruz como territorio hostil al ejercicio periodístico. Es asunto que debe terminar, no sólo por la vida y tranquilidad para los periodistas y sus familias, cosa sustantiva, sino por el elemental derecho ciudadano de estar informado de los asuntos públicos.

Hace poco fue amenazada nuestra corresponsal en Veracruz por el regidor del ayuntamiento de Coatzacoalcos, José Antonio Chagra Nacif; ahora el reportero Jesús Olivares del periódico El Dictamen fue amenazado también por un ex funcionario de la tóxica administración pasada. Ha habido demasiados desenlaces fatales en el roce de periodistas con personajes asociados al poder como para dejar pasar las fanfarronadas prepotentes de nadie. Hace una semana que fue asesinado en el estado el periodista salvadoreño Edwin Rivera y no ha habido ninguna detención, si acaso la vaga y habitual promesa de que las autoridades investigarán. Lo que casi siempre termina por ser mentira toda vez que es ya más un lugar común declarativo para salir del paso que un compromiso real de la autoridad.

Esto no es un problema menor. Agrede directamente a las libertades y derechos de los ciudadanos a estar informados y, en consecuencia, a los intentos de los ciudadanos por darse un menor sistema de convivencia.