Política

El Sistema Nacional Anticorrupción y la ineptitud del Poder Legislativo

julio 16, 2017

En una exhibición de terquedad y falta de compromiso para con sus representados, las (in)acciones del Congreso de la Unión tuvieron como resultado que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no pueda arrancar al 100 por ciento el próximo 19 de julio, término constitucional acordado entre los mismos diputados y senadores de San Lázaro. Indignante y desalentador es poco para calificar este suceso, pues la clase política, además de entorpecer esta iniciativa ciudadana para combatir la corrupción por la vía jurídica e institucional, desperdició la oportunidad de redimirse con una sociedad civil escéptica ante su quehacer legislativo.

Dos años ha demorado el diseño del SNA. Después de que en mayo de 2015 se aprobaron 7 paquetes de legislación secundaria durante el período extraordinario de la LXII Legislatura, entre ellos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo siguiente fue conformar los órganos rectores del Sistema. El 30 de enero fueron presentados los cinco ciudadanos que conforman el Comité de Participación Ciudadana, la instancia más importante encargada de proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores para su evaluación. El proceso fue transparente, impoluto y encabezado por ciudadanos. No podía ser de otra forma.

El último paso para otorgarle vida plena al Sistema Nacional Anticorrupción, quedaba en manos de los partidos políticos; designar al titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, daba la impresión de ser una tarea sencilla para el Senado. Y aunque muchos ya no esperamos nada de la clase política, aun así logró decepcionarnos, ya que tras rechazar un período extraordinario de sesiones y argumentando una sarta de sandeces, no lograron llegar a un consenso para nombrar al fiscal anticorrupción.

Por si fuera poco, tampoco ratificaron a los magistrados especializados en la materia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo la premisa de que "pueden ser sustituidos por los magistrados supernumerarios y no debemos presionarnos tanto por la falta de nombramiento", aseveró la coordinara del PRD en el senado, Dolores Padierna. Esto corrobora lo tóxico que puede resultar la partidización de un proceso tan importante y que el efecto torpedo de la política es infalible: hunde todo lo que toca. En suma, esto viene a agravar la desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos. ¿De qué manera? Le comparto unos datos.

En marzo de 2017, Buendía y Laredo publicó que el 33% de la población confía poco en los partidos políticos, mientras que otro 51% no confía nada en ellos. Esto arroja un 84% de percepción negativa, cifra que aumentó 12 puntos porcentuales respecto a 2011, año en que el 74% dijo confiar poco o nada en las plataformas políticas. Dos meses más tarde, en el mes de mayo, la misma consultoría realizó un análisis sobre cómo perciben las personas a los partidos políticos. En el estudio se puede observar que 8 de los 9 partidos a nivel nacional, tienen más opiniones negativas que positivas. Sólo Morena supera esta barrera, pues 32% de los encuestados afirmaron tener una buena o muy buena percepción del partido sobre un 29% que contestó tener una opinión mala o muy mala de él. Hasta aquí la estadística.

Son dos las razones por las que el sistema de partidos de nuestro país no debe obviar estos números: la primera de ellas es que la mayoría de los cargos de elección popular son ocupados por actores arropados por ellos. La desconfianza que aqueja a los servidores públicos es la misma que agobia a sus partidos. En segundo lugar, este fenómeno se reproduce no sólo a nivel federal, es un virus que enferma también a las entidades federativas. En esta ocasión, me refiero especialmente a los congresos locales.

Otra de las razones por las que el Sistema Nacional Anticorrupción nacerá oficialmente incompleto, es por la desidia de los estados. Tabasco y Campeche ni siquiera han comenzado con las reformas para su instalación, y en el caso de Chihuahua, apenas hace unos días recibieron la iniciativa para llevarlo a cabo. Existe a su vez mucha resistencia política para evitar que los ciudadanos se involucren en el tema como se ha denunciado en Chihuahua y Puebla. Aunque no pierdo de vista los avances legislativos en entidades como Nayarit, Chiapas y Querétaro, la falta de coordinación nacional y respeto por los plazos constitucionales es preocupante.

Sin embargo, existen otros rubros donde la ineficacia de las legislaturas estatales por omisión, ignorancia o por pésimo desempeño, han vulnerado el estado de derecho y restado certeza a la población. Estoy seguro de que no soy el único que se cuestiona dónde estaba el Congreso de Veracruz cuando Javier Duarte desviaba millones de pesos de las arcas del gobierno del estado. Asimismo, cientos de miles de quintanarroenses no terminan de preguntarse qué hizo su congreso cuando se enteró de que el gobernador Roberto Borge lideraba una pandilla de funcionarios que obtenían propiedades de forma ilícita. Citando a Leo Zuckermann: "detrás de todo gobernador corrupto, hay un congreso corrupto".

El Informe Legislativo 2017 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), nos recuerda que mantener a los mil 124 diputados locales del país nos va a costar este año poco más 13 mil 551 millones de pesos. Un promedio de 3.5 millones de pesos por curul. ¿En realidad vale tanto la enorme carga de nada que hacer de estos diputados? Yo pienso que no y a las pruebas me remito.

Que el SNA no esté en forma para operar, es debido a la ineptitud del poder legislativo federal y de los Congresos locales. Frente a ellos estaba la posibilidad de que experimentáramos gobiernos más democráticos y con mejor rendición de cuentas. De paso, tenían chance de mostrar un poco de respeto por los mexicanos que sí deseamos un cambio y que trabajamos por ofrecer soluciones a uno de los mayores cánceres de nuestra nación. Máxime que somos quienes pagamos su estancia en el poder. No es novedad que la clase política muestre apatía hacia lo que no le conviene. Pero si de algo estoy seguro, es que este suceso ha rebasado el umbral de tolerancia de muchos ciudadanos, y puede cambiar por completo los pronósticos que teníamos de cara al 2018. Guarden este artículo.