Política

Bipolares

julio 15, 2017

En términos mediáticos es claro que uno de los ejes articuladores de este gobierno son las acciones de castigo a la cleptocracia veracruzana reciente. No el único pero sí de los prioritarios. En ese propósito está la petición para entablar un juicio de procedencia en contra del diputado federal Alberto Silva Ramos.

Habrá que estar atentos a la reacción del priísmo y su fauna de acompañamiento toda vez que las cosas como están pintan bastante mal. Entre la sospechosa petición de extradición –y no de expulsión como era lo procedente–, la inverosímil decisión de no actuar contra la esposa del ex gobernador además de permitir su huida al Reino Unido presumiblemente acompañada de sus hijos. Decisión que lo menos que hace es sembrar la suspicacia de una aprehensión pactada.

Se da a conocer por el propio gobernador que el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, propuso devolver bienes a cambio de consideraciones penales, cosa que, según el propio gobernador, su fiscal tiene la opinión de rechazar la proposición del ex secretario, toda vez de que buscarán su castigo en prisión además del decomiso de los bienes personales adquiridos durante la administración anterior.

Postura que sintoniza con el ánimo general de los gobernados.

La idea del ex secretario Bermúdez Zurita es equivalente a la actitud que el ex gobernador ha mantenido desde que fue encarcelado en Guatemala. Ambos evidencian una aprehensión de la realidad disonante o, mejor dicho, patológica.

El ex secretario de la SSP supone convenientemente para sí mismo que su deuda con la sociedad es únicamente de carácter monetario. Que basta mostrar cierto ánimo colaborativo para obtener los beneficios de la ley.

Pero resulta que la deuda de la cleptocracia es mucho mayor que los millones de pesos de dinero público apropiado por la cáfila cuatreril.

Devolver los bienes ilegítimos adquiridos no devolverá la paz ni compensará a las familias de 17 periodistas asesinados ni los miles de muertos y desaparecidos, tanto nacionales como centroamericanos durante seis años de pesadillas escénicas a cargo de petimetres frívolos e ignorantes.

Seis años de parafernalia oficial callejera, estudiantes asesinados o golpeados, de jubilados maltratados por la policía y despreciados por la burocracia, y guerras entre organizaciones criminales que ofrecían con su violencia la coartada ideal para el uso porril de la fuerza pública.

La disociación bipolar entre ex funcionarios parece cundir contagiosa.