Política

Desaforar al diputado federal Alberto Silva, solicita la FGE

julio 14, 2017

La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó de manera formal ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero en contra del diputado federal priísta Alberto Silva Ramos por su presunta responsabilidad en el desvío de 5 mil millones de pesos en la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS).

Silva Ramos aparece en al menos un par de carpetas de investigación junto al nombre de María Gina Domínguez Colío, como los presuntos responsables del delito de peculado en agravio del gobierno de Veracruz, al haber malversado fondos públicos para promover la imagen del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Incluso se tiene registrado que ambos ex funcionarios estatales habrían destinado recursos públicos al pago de empresas fantasmas, que supuestamente promovían la imagen del ex mandatario estatal.

Cabe recordar que durante sus audiencias, tanto de imputación como de vinculación a proceso, Gina Domínguez culpó a sus sucesores de haber cometido el desvío de recursos, entre ellos, el hoy diputado federal por el distrito de Tuxpan, Alberto Silva Ramos.

Este es el segundo juicio de procedencia que solicita la Fiscalía de Veracruz contra un diputado federal y colaborador de Javier Duarte, pues ya antes lo hizo con Tarek Abdalá Saad, quien fuera protegido por la Sección Instructora del Congreso de la Unión, encabezada por priístas.

La petición de quitarle el fuero al diputado federal del PRI es para poder proceder en su contra, ante las irregularidades detectadas durante su gestión como coordinador de Comunicación Social en la administración duartista.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, la solicitud de desafuero será turnada a la Comisión Instructora para su análisis. Dicha comisión analizará los elementos que presente la Fiscalía para determinar si es procedente o no.

La FGE de Veracruz sostiene que desde la CGCS, encabezada primero por Gina Domínguez y luego por Alberto Silva, se puso en marcha un mecanismo de desvío de recursos a través de varias dependencias para promover la imagen del ex mandatario estatal.

El mecanismo era el siguiente: Comunicación Social solicitaba a la Secretaría de Finanzas recursos pertenecientes a varias dependencias para el pago de supuestas campañas en medios de comunicación. Esto sin que hubiera ningún tipo de dictamen que acreditara que había el presupuesto suficiente.