Política

En torno al Grupo MASfracaso

julio 12, 2017

Irritados con causa y razón, los empresarios del puerto de Veracruz señalan el fracaso del esquema de privatización de servicios municipales de naturaleza y definición eminentemente públicos, específicamente la distribución del agua. A más de año y medio de haber dado la concesión al Grupo MAS no ha habido mejora alguna en los servicios. Los problemas continúan siendo exactamente los mismos con la única diferencia de que los costos de la ineficiencia los paga únicamente la sociedad porteña. Un servicio que se concesionó por más de 30 años a costa exclusivamente del interés público.

La privatización de los servicios de agua y saneamiento en el país corresponde a un patrón de copia extralógica de privatizaciones en América Latina resultado de decisiones del interés público orientadas por las modas ideológicas neoliberales. Un esquema propio de gobiernos cretinos desvinculados del interés público, jamás resultado de la búsqueda de soluciones efectivas a las crisis artificiales del sector propiciadas por las obsesiones de mercado de la cáfila tecnocrática gobernante. Una aproximación que, además, deliberadamente omite las evidencias históricas del rotundo fracaso de la universalización privatizadora de los servicios públicos dada en Europa y Estados Unidos en los años 80 y 90, irónicas consecuencias de acciones decisivas del Estado.

La privatización de los servicios públicos ha fracasado documentadamente desde hace tres décadas, pero los tomadores de decisiones aborígenes en Veracruz eligieron omitir el detalle no tanto por radicalismos ideológicos, sino por el mero interés congestivo de apropiarse de parte de la renta pública. El problema es que, pese a las abrumadoras evidencias del fracaso del esquema privatizador, las transformaciones institucionales y políticas que se pusieron en marcha continuarán afectando la capacidad de los gobiernos para superar la crisis de servicios públicos esenciales.

Hace algunos años, la vicepresidenta de Infraestructura y Desarrollo del Banco Mundial, incluso en plena efervescencia privatizadora, sentenció que "siempre la mayor parte de las inversiones en materia de agua deben ser del sector público". El tema no tiene discusión y se ha demostrado en todo el mundo donde se echaron a andar privatizaciones de servicios públicos. Las políticas de privatización implementadas desde los 90 para reorganizar los servicios de agua y saneamiento apenas si han tenido relación con los problemas concretos que presentaban dichos servicios. Las experiencias mundiales y latinoamericanas han demostrado, rotundas, que los problemas intrínsecos de servicios públicos como el agua no se resuelven con las privatizaciones. Nunca lo han hecho. Ni la cobertura ni la calidad ni la infraestructura, que fueron las variables usadas para racionalizar el esquema. Los argumentos utilizados para promover estas políticas deliberadamente ignoraron la evidencia histórica sobre la interrelación entre el sector público y el privado en la organización de los servicios de agua y saneamiento. Empresas privadas con los servicios públicos vitales para la sobrevivencia humana son completamente excluyentes.