Política

Intención de origen

julio 10, 2017

Veracruz es un estado configurado y hecho por y en el priísmo, de ahí sus males. Desarrollo económico desigual e intermitente, grandes vacíos en materia de educación pública con promedio de ocho años de escolaridad y casi el diez por ciento de la población sin ningún grado escolar; una deforestación galopante; desarrollo urbano en manos de especuladores de honradez y responsabilidad nulas, una mega deuda pública crecida geométricamente durante las tres últimas administraciones priístas.

El peor de sus males es la permanencia de tomadores de decisiones con formación apenas suficiente, bajo sentido de la responsabilidad y ética inexistente.

Es de todos conocido el crecimiento geométrico de la deuda pública que sofoca toda aspiración razonable de progreso y que los hechos en la última administración del priísmo equivalen a haber dejado a una pandilla de pederastas a cargo de un jardín de niños; o, si se lo prefiere, a un grupo de cleptómanos arropados por una organización benevolente a cargo de un banco sin vigilancia.

El gobierno mexicano sustentó la inexplicable solicitud de extradición de Guatemala del ex gobernador con base en actas de constitución de empresas que la realidad son inexistentes, escrituras públicas y testimonios de ex colaboradores y testigos que lo señalan, entre otras cosas, como el pergeñador de una amplia red de corrupción tejida desde el gobierno.

Hay razones para pensar que el señor Duarte y su esposa llegaron con el propósito deliberado de robar el dinero público para convertirlo en dinero de su propiedad. Esto es así porque, en el colmo inverosímil de la opacidad, desde inicios de 2011 se hizo un acuerdo entre actores políticos y funcionarios de su administración para mantener en secreto sus viajes, gastos, agenda y reuniones privadas durante su gestión. Acuerdo informal si se quiere, pero que desnuda la naturaleza de parte importante de la llamada clase política del estado. Un acuerdo explícitamente hecho para, con el pretexto de la seguridad, dejar en la mayor opacidad posible información de interés público sustantiva para la supervisión del ejercicio de gobierno.

La existencia de ese acuerdo revela no sólo la endeble naturaleza ética de parte sustantiva de quienes colaboraban en la administración anterior, sino la premeditación para cometer delitos patrimoniales en contra del interés público.

Esto –que desde luego tiene causas, explicaciones y facilitaciones estructurales– desnuda la muy difusa ética de cáfila de tomadores de decisiones quienes, literalmente, prostituyen a cambio de "estar donde hay". 100 mil millones de pesos, el monto del quebranto según el actual gobierno veracruzano.

Esto no es la dimensión de un hombre corrupto y sus socios y cómplices, esto es "El" problema del sistema.