Política

Punto muerto sangriento

julio 09, 2017

El gobierno de Miguel Ángel Yunes carga con el fardo de la inseguridad pública y, si nos atenemos a los reclamos y a la serie de eventos violentos recientes, ya le significa costos en la relación con los gobernados. La erosión es más atribuible, por lo pronto, a las frustradas expectativas del respetable derivadas de promesas y compromisos explícitos de campaña, que a las cortedades de las decisiones en la materia. En cualquier caso es evidente que quienes pagan son los gobernados.

Pero el fenómeno visible tiene aristas adicionales. Por un lado la queja de alrededor 2 mil ex policías que fueron dados de baja pero que la FGE no comprobó vínculos con el crimen organizado, sospecha por la que causaron baja.

Por otro, la denuncia de un diputado priísta en el sentido de que los policías son usados como grupos represores contra "sectores de la sociedad que se manifiestan por diversas razones".

La diputación de Morena por su parte, señala que el secretario de Seguridad debe comparecer para explicar en dónde estamos parados, toda vez que la inseguridad no cede.

La impresionante precipitación de la seguridad pública obedece principalmente a la guerra estúpida iniciada por Felipe Calderón como modo de legitimación/distracción luego de arribo al poder "áiga sido como áiga sido" (Calderón dixit). La violenta guerra entre organizaciones criminales data de por lo menos dos años atrás, cuando organizaciones del Pacífico disputaban de forma muy cruenta a las del Golfo las rutas hacia EE.UU. por Tamaulipas, y la violencia en Michoacán y la lucha por el control del puerto Lázaro Cárdenas ofreció el motivo al gobierno. Recuérdese que al doctor Mireles no lo arresta el Ejército, la Procuraduría de Justicia del Estado, la Semar, la Policía Federal y la SSP estatal sino hasta que realmente amenaza con tomar el puerto Lázaro Cárdenas. Se encontraba en el municipio en las inmediaciones de la ciudad. El siguiente objetivo hubiera sido probablemente Morelia.

Dicho de otro modo, la viciosa violencia en la que el país y el estado están sumergidos obedece principalmente a la forma de aproximación para combatir el crimen organizado a las que apeló Felipe Calderón y ahora Peña Nieto.

Salir de este círculo perverso no será sencillo porque implica seguir en la lógica del uso de la fuerza pero, sobre todo, combatir los métodos y circuitos de lavado de dinero, donde los límites son mucho más difusos.

Los gobernados no merecen cargar con los costos patrimoniales y de sangre de la inseguridad pública, tampoco que el tema transmute en uno de conveniencias y transacciones políticas. La presencia del Secretario de Seguridad Pública en el Congreso para informar de la situación y sus expectativas tiene contenidos de relación con los gobernados. Es ésa la motivación. Regatearlo por el eventual aprovechamiento político de otras facciones es irrespetuoso.