Política

De corrupciones

julio 08, 2017

En el sexenio de Enrique Peña Nieto el régimen priísta conocido desde hace décadas por sus acuerdos informales, corrupción y fraudes electorales se ha reafirmado. Con ello, ha ganado una indeseada atención pública internacional. Marcado desde su inicio por la casa blanca de Las Lomas y por la irresuelta desaparición de 43 estudiantes normalistas, además de otros hechos sangrientos también sin solucionar.

La inminente extradición del ex gobernador Javier Duarte tiene una carga bivalente. Si bien por un lado exhibe la magnitud de la corrupción posible en este país, parece que entre el maremágnum de exhibiciones y noticias que desvelan la naturaleza corrupta del régimen, le viene bien al gobierno federal mantener a Javier Duarte en el centro de la atención pública y hacer de él y su affaire una suerte de prueba de la voluntad política para combatir la corrupción para que el resto de la informalidad corrupta quede tal cual. Dicho de otro modo, mostrar y castigar a Javier Duarte dada la vinculación que su caso tiene con los sentimientos de hartazgo y deseos de cambio en los gobernados permitirá al régimen de complicidades dejar que todo lo demás permanezca intocado. Vale pues la pena el sacrificio, pese los eventuales riesgos de que el señor Duarte decidiera revelar informaciones inconvenientes.

Así, el mantenimiento del caso contra el ex gobernador puede ser usado para validar el discurso gubernamental en la materia. Falta por ver la capacidad y voluntad gubernamental para configurar y sostener los cargos que, en el improbable caso de que sea auténtica, tendría necesariamente que ser consecuente con la persecución y vinculación a proceso del resto de la cáfila de ex gobernadores de insultante corrupción.

En realidad sobran las razones para el escepticismo si nos atenemos a que el escándalo de un gobierno que espía a sus ciudadanos trasciende y crece al revelarse el muy probable espionaje y monitoreo que el gobierno hizo con el software Pegasus a los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que estuvieron en México para coadyuvar en la investigación de los normalistas desaparecidos.

Hace dos días que el Estado mexicano reconoció la audiencia de oficio sobre Ayotzinapa realizada en Lima, Perú, en el marco del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dos elementos que contradicen rotundos la imposibilidad de la primera versión oficial. Uno es que los teléfonos móviles de 9 de los normalistas desaparecidos seguían activos luego de la desaparición y supuesta incineración. Pero los investigadores no los rastrearon.

Otro, se ha confirmado de un quinto autobús que llegó hasta el Palacio de Justicia detenido por la policía, pero las versiones oficiales sostienen que tal autobús permaneció fuera de la terminal en manos de estudiantes.

Por sus sistemáticas mentiras como por los obscenos casos de corrupción de la actual administración federal, hay razones para ser cautos y escépticos en el sonado proceso contra el ex gobernador veracruzano y seguirlo con especial acuciosidad.