Política

Desapariciones forzadas estimulan impunidad

julio 05, 2017

La no existencia de una ley o varias leyes que castiguen las desapariciones forzadas de personas, cometidas por los gobiernos federal y estatal, o bien por particulares, refleja una connivencia o complacencia extrema en acciones de esa envergadura, o, más que nada, como lo señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es una estrategia para infundir temor en los ciudadanos y más, a periodistas o bien a organizaciones de derechos humanos, pues la sensación de inseguridad que esa práctica genera, no se limita a los parientes más próximos del desaparecido, sino que influye más en la sociedad en su conjunto, pues se limita su acción para protestar o reclamar derechos, porque es inadmisible que en los países que presumen de regímenes democráticos y de derecho no se garantice la seguridad de quienes viven o habitan algún sitio o rincón del mundo.

Somos especialistas en expedir cientos o miles de leyes, o bien destazar la constitución para que esté a modo en el momento que se gobierna, que sólo sirven para confundir o embaucar a la sociedad, lo mismo en materia penal, mercantil, hacendaria, etcétera, pero cuando la exigencia se refiere a los derechos humanos y la defensa de la vida y que el Estado es el responsable de lo que le suceda al ciudadano, no se le encuentra la cuadratura al círculo y se embriscan en cuestiones baladíes para no ir al fondo de la cuestión planteada, es decir, darles vuelta al problema.

Así vemos que en tanto el senado ya aprobó una ley que castiga severamente las desapariciones forzadas y que obliga al gobierno a la verdad y a la acción compensatoria, su colegisladora no llega a acuerdos, sobre todo el PRI y el PAN, y como resultado se siguen dando las desapariciones y no pasa nada, y tal parece que vivimos los regímenes militares que alentó y prohijó el gobierno de los Estados Unidos para apropiarse de los recursos naturales de las naciones, sobre todo de Latinoamérica, ahora las oligarquías consolidadas impiden, con gobierno a su servicio, que la ciudadanía viva en el temor y el miedo para que no se manifieste para estructurar a esos gobiernos y que ha acentuado la miseria, ante ello, los distintos líderes o medios de comunicación independientes se ven acosados y amenazados para que cambie todo y se viva igual o peor.

La constitución del país establece que lo que no está reservado al gobierno federal, se entiende que corresponde a los estados libres y soberanos, pero ningún estado ha tenido la delicadeza, la dignidad o bien la responsabilidad para legislar al respecto, así que Veracruz donde se ha documentado la existencia de cientos de desaparecidos, nadie irá a la cárcel por ese delito, porque son hechos consumados y a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, al no tener establecidas como delito las desapariciones forzadas.

Es cierto que en la guerra sucia hubo muchos desaparecidos –acontecimientos de 1968, Díaz Ordaz-Echeverría. que no se documentan–, sin embargo, con el panista Felipe Calderón Hinojosa, a resultas del fraude electoral del 2006 que lo llevó al gobierno y ,con su mal llamada guerra contra el narcotráfico, la ONU tiene documentado que de 2007 a 2016,- aquí con Peña– se han localizado 885 fosas clandestinas con 10 mil muertos, aunque por otro lado se habla de 30 mil, sin embargo no ha permeado la voluntad política para que de una vez por todas se apruebe la ley de desaparición forzada, y menos que exista la intención de retirar de las calles al ejército, lo que las instancias internacionales han recomendado de manera reiterada por radicar ahí el problema esencial, sin que se deje de lado a las policías del país.

En las desapariciones forzadas, con independencia de conocer la verdad y la sanción penal que se imponga, por ser delito grave existe la responsabilidad del Estado de indemnizar a las víctimas de manera económica lo que, además de la condena mundial, las arcas se verían seriamente menguadas, pues a partir de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, se tendría que elevar la deuda pública para resarcir el daño terrible que ha sufrido el país.