Política

Cuando despertó, el PRInosaurio todavía estaba allí

junio 16, 2017

Hace unos días en este espacio, expresé que el estilo de juego de algunos candidatos, así como las prácticas de sus respectivos partidos políticos durante las campañas, son actividades, además de ilícitas, dañinas para la democracia que vive en el espíritu de las leyes y que apenas estamos en vías de materializar. Con gran pesar acepto que me quedé corto, pues hay nuevos datos que evidencian una situación aún más alarmante.

En el estado de Coahuila se encendieron los focos rojos. Humberto Moreira, denunció a su hermano y gobernador de dicha entidad, Rubén Moreira, de haberle robado la elección. El primero acepta haber realizado una serie de acarreos para sumar votos a favor del Partido Joven, pero a la hora del conteo, éste obtuvo un sólo voto en las casillas donde hizo su operación electoral. Luego entonces, Humberto Moreira acusó a su hermano de haber ordenado la sustracción directa de votos en las urnas con la ayuda de las autoridades electorales. El Partido Joven no alcanzó el número suficiente de votos para tener diputados plurinominales en el Congreso local y, por ende, Humberto Moreira se quedó sin el fuero de su soñada diputación.

La denuncia en sí es grave. Si resulta ser cierto que el gobierno de Rubén Moreira intervino las urnas para cambiar los votos, estaríamos frente a un retroceso democrático inadmisible. Este tipo de prácticas caracterizaban al más antiguo PRI antes del México institucional y con pluralidad política. Pasar por alto esta denuncia, sería no sólo negar, sino echar abajo el costoso avance que hemos construido para consolidar nuestra joven democracia.

Aunque hay varias cosas que corregir, tampoco significa que debamos empezar de cero. Muchas de las deficiencias en nuestro sistema electoral podrían subsanarse con acciones generales. Se ha hablado últimamente de que la segunda vuelta electoral entre los candidatos punteros y volver obligatorio el voto para todos los ciudadanos, ayudaría a construir mayorías efectivas para gobernar y combatir la corrupción en materia electoral. Haré unos comentarios sobre estas dos alternativas.

Entiendo perfectamente la lógica de la segunda vuelta electoral y nada me gustaría más que se instaurara en nuestro país. Sin embargo, preparar el terreno para un cambio tan trascendente no es nada fácil. Empecemos por el hecho de que la segunda vuelta le da al ciudadano doble poder: en la primera ronda participarían todos los partidos políticos que existen, esta pluralidad partidista se respeta y el ciudadano vota libremente por el candidato de su preferencia. Ya en la segunda ronda, quedarían solamente los dos candidatos que obtuvieron más votos; el ciudadano votaría esta ocasión por quien efectivamente desea que lo gobierne. Bienvenida sea la mayoría absoluta.

Ahora bien, en un mundo maravilloso, todos los partidos políticos verían en este sistema la posibilidad de formar alianzas antes y después de la primera vuelta, llegando de esta manera a una segunda ronda con más posibilidades de ganar y formar un gobierno de mayoría efectiva. Reitero, esto en un mundo maravilloso. La cruda realidad de todo esto, es que el primer obstáculo a vencer son los partidos políticos minoritarios. Estos actores, que no representan ningún propósito claro ni a nadie, serían los primeros en oponerse a la implementación de la segunda vuelta. La razón es simple: existen más probabilidades de que nunca estén representados en la segunda vuelta, además de no tener influencia alguna si es que buscan aliarse con un partido grande. De discutir esto en el Congreso, el interés de la mayoría se vería siempre condicionado por los partidos pequeños.

Por otro lado, sobre la opción de volver obligatorio el voto para los ciudadanos, debemos iniciar leyendo nuestra Constitución. En primer término, el numeral 35 de la Carta Magna, establece que es un derecho de los ciudadanos mexicanos votar en las elecciones populares, pero más adelante en su artículo 36, también dispone que votar es una obligación de todo ciudadano. He aquí la primera contradicción, pues es ilógico afirmar que tenemos la obligación de ejercer un derecho que se nos está reconociendo. En un sentido práctico y bajo los principios de una república liberal, cada quien decide si ejerce o no su derecho a votar.

Esto es importante, ya que, en el tema que nos ocupa, los argumentos a favor de que votar sea una obligación para todos, radican en que esta medida sería un combate a la exorbitante cantidad de artimañas encaminadas a condicionar o comprar el voto. Actualmente, tanto en elecciones locales como federales, la victoria se la lleva quien logra poco más del 15% del total de la población. En otras palabras, el gran número de candidatos que contienden por un puesto de elección popular, aunada a la baja participación de los electores, hacen que los gobiernos y partidos políticos dispongan de todo el capital que les es posible con el fin de lograr un porcentaje mínimo de votos y así hacerse de la victoria.

Si logramos hacer que el porcentaje de participación ciudadana, que se encuentra entre el 40 y 50%, aumente a un 80 o 90%, volvemos ociosa la intención de compra de voto y la manipulación del margen. No hay cantidad de dinero lo suficientemente grande para inducir o corromper a una población que participa en su mayoría. Nuevamente, esta posible solución a las deficiencias del sistema de votación, choca con varios contratiempos. De inicio, aunque el derecho no crea realidades, sería necesaria una reforma a la Constitución para que, en efecto, se disponga que votar sea única y exclusivamente una obligación de todo ciudadano mexicano. El paso siguiente, sería diseñar todos los instrumentos normativos encaminados a que este precepto sea cumplido y que contemple las sanciones en caso de incurrir en incumplimiento. Diseñar esto lleva su tiempo, no es cualquier cosa.

El tiempo se nos vino encima y cualquier acción dirigida para que en 2018 tengamos un proceso electoral diferente, no podrá concretarse. Lo que no debe obviarse es que siguen manifestándose irregularidades y se rebasa todo límite en materia de manipulación y fraudes. No debemos esperar hasta que arranque el nuevo sexenio para atender las flaquezas del sistema electoral mexicano. Las propuestas, sus virtudes y retos, se encuentran sobre la mesa. Lo que acontece en Coahuila es la llamada de atención más fuerte para no permitir que un aparente salto al pasado destruya los aciertos con los que hasta el momento cuenta nuestra democracia. Al pueblo mexicano, le sucedió lo que hace muchos años predijo Monterroso: cuando despertó, el PRInosaurio todavía estaba allí… ¿O cómo era? ■