Política

Mala señal

junio 12, 2017

Si la sociedad cuando se manifiesta para pedir algo a la autoridad suele tomar los espacios públicos, esto se hace no con el afán de molestar al prójimo, sino de dar visibilidad e incentivar a la autoridad a tomar cartas en la solución de un problema que se ha hecho crónico.

La manifestación social en el espacio público se ha hecho un método crónico imprescindible de interlocución con la autoridad no por necedad de la sociedad sino por la habitual lejanía indiferente con que las autoridades locales y nacionales suelen tratar los problemas sociales. Basta recordar el brutal cinismo con el que las autoridades federales que penosamente representan al Estado mexicano tratan a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

El sábado se tomó la decisión de desalojar del espacio público a un grupo de personas que reclamaban la atención de la autoridad para resolver un problema de abastecimiento de agua en un fraccionamiento.

Policías antimotines se excedieron en el uso de la fuerza y golpearon hasta sangrar a varios de los que protestaban por un servicio que contrataron y que no reciben, el abastecimiento de agua. Los vecinos bloqueaban la autopista Veracruz-Xalapa; la autoridad en vez de abocarse a la solución inmediata de un problema crónico, decide por lo sano desalojar el bloqueo. Acto que desde luego implica el uso de fuerza y que ejemplifica la impreparación general de las fuerzas antimotines para contenerse a sí mismas, lo que las hace poco confiables por peligrosas.

Ayer el gobierno del estado ordena a la fiscalía investigar la golpiza dada a una profesora; es de esperarse que la investigación se realice, tenga consecuencias y que la experiencia sirva para garantizar los mecanismos y protocolos que eviten siempre el uso excesivo de la fuerza.

Pero eso es sólo parte superficial de un problema que tiene que ser resuelto. Éste es el de la sensibilidad y eficacia burocrática para atender con seriedad los reclamos de la sociedad. Sin justificaciones dudosas para explicar el porqué de la imposibilidad de su intervención para asegurar a los vecinos el abastecimiento de agua al que tienen total derecho.

Las autoridades municipales veracruzanas justifican su inacción con el dudoso argumento que el fraccionamiento en cuestión no está municipalizado.

¿Debe entenderse entonces que el fraccionamiento de marras vive una suerte de extraterritorialidad? Cualquiera que sea la condición del fraccionamiento, no exime a las autoridades de abocarse de inmediato al problema y, si en efecto hubiere una suerte de interregno de indefinición legal y de responsabilidad, resolverlo.

Si hay una suerte de interregno de indefinición legal es problema también de las autoridades que están obligadas a tratarlo. Nada justifica que un fraccionamiento que vende lotes con servicios urbanos, termine escudándose en un problema de indefinición de origen que, si existe, supone co-participación de la autoridad municipal.