Política

Crecen las víctimas por desaparición forzada

junio 02, 2017

Orizaba, Ver.- Ni con Miguel Ángel Yunes en el gobierno, Veracruz dejó de ser uno de los estados del país en donde la desaparición forzada se criminaliza y se presenta como primera respuesta a las demandas de familiares. Las desapariciones, señala el Frente Francisco Villa, no son denunciadas por la vía penal, por el temor infundado de presuntos integrantes de la delincuencia organizada. En los 10 años pasados el número de víctimas creció de manera alarmante.

En un comunicado acusa que tanto el gobierno de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto, acrecentaron el número de víctimas de desaparición forzada, "desde hace 10 años advertíamos la escalada de la violencia institucional y que ésta ya no sólo se ejecutaba contra luchadores o activistas políticos, sin embargo, aún permeaba en el ideario colectivo la concepción de que los crímenes de lesa humanidad eran cosa del pasado o en su defecto, tenían origen en una sobredimensionada delincuencia organizada".

"Los hechos hoy son más contundentes, son miles de hombres y mujeres alcanzados por este flagelo, más de un centenar de periodistas a quienes hoy los identifica ser víctimas del terrorismo de Estado".

Durante el desarrollo de la jornada nacional de lucha, dice el texto, "pudimos constatar que los miles de víctimas son hijos del pueblo, sobre quienes se pretende tender el estigma de pertenecer a un cártel o grupo delincuencial. Particularmente en el estado de Veracruz, en las regiones donde existe el interés de empresas trasnacionales, son los lugares donde los crímenes se incrementan exponencialmente. La razón de que hasta el momento haya pocos casos documentados, que pocas familias se atrevan a denunciar o imposibilidad de arribar a la coordinación y unidad entre las víctimas, es que desde el Estado conduce perversamente a los familiares transitar en la ruta de defensa de su familiar, porque si se relaciona con otros casos, puede ser más difícil conseguir la justicia.

No se trata de hacer una separación mecánica entre uno y otro tipo de desapariciones forzadas, se precisa, "sino es con el ánimo de establecer los aspectos particulares en cada una de ellas, para entender la generalidad, es decir, todas las víctimas, independientemente del sector social, sus convicciones políticas o su forma de lucha, forman parte de las masas proletarias, y es así como debemos de reconocerlas".

En un contexto de generalización de los crímenes de lesa humanidad, es meritorio tomar con particular atención la relación perversa que existe entre el poder económico y el poder político, "es en esta esencia donde se cruza inexorablemente la necesidad de imponer a sangre y fuego la voracidad de una minoría empresarial, de una cúpula oligárquica, que pretende sostener el régimen neoliberal a través del terrorismo de Estado".

El Estado mexicano "no sólo no abona a resarcir medianamente el daño a las víctimas, sino que profundiza aún más la herida con el cometido de más crímenes; tal es el caso de toda la campaña de represión ejercida contra nuestra organización, que tuvo una agudización a partir de 2015 cuando realizamos una serie de actividades para dar a conocer los avances en el proceso jurídico y político contras las desapariciones forzadas en nuestro país".

En una década hemos recorrido junto con familiares, personalidades progresistas, organizaciones populares hermanas y de derechos humanos cada uno de los caminos que permite la acción de la denuncia política, indagamos por los resquicios que deja el actual estado de derecho, sin embargo, la respuesta es impunidad e inmunidad para los perpetradores, por lo que a los explotados y oprimidos nos queda el camino de la organización popular, concluye.

Gobierno estatal no trabaja en recomendaciones de la Conavim

A seis meses de haberse emitido la alerta de género para el estado, el gobierno local no ha implementado su plan de trabajo sobre las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), reconoció el director general de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Juan José Niño Tejedor.

Entrevistado en la Jornada por el derecho de las mujeres a la Salud, justificó que les tomó cinco meses realizar el plan de trabajo y que a inicios de mayo entregaron su propuesta a la Conavim, a fin de que la revise.

Admitió también que aunque "el dinero está", no ha podido aplicarse porque no ha sido aprobado por el Grupo de Trabajo el plan que les fue presentado por el gobierno del estado.

"Hasta que el grupo de trabajo no lo valide, nosotros no podemos empezar sobre esas acciones".

No obstante, aseguró que ya se han iniciado con "algunas acciones" como el aumento de patrullajes sectorizados y en la capacitación de personal de salud sobre la norma 046, a fin de atender los casos de violación en la que se requiera un aborto.

"Se han hecho rondines, patrullajes y difundido spots, sí se están atendiendo las acciones. Se conformó el grupo de trabajo y no podemos empezar con las acciones hasta que él grupo de trabajo no sé el visto bueno sobre esas acciones".

Indicó que además ya se solicitó a la Conavim que les envíe el avance de las acciones ya validadas, a fin de implementarlas en el estado y no esperar al análisis de todo el plan de trabajo.

Agregó que una vez validado el plan de trabajo, el estado contará con 12 meses para poner en marcha las acciones pertinentes, y estas serán evaluadas cada dos meses.