Política

Saturación

abril 21, 2017

Los tiempos del peñanietismo han sido los de la exhibición burlesca de la corrupción sistémica mexicana. La casa blanca, las manipulaciones informativas sobre Pemex para convencer de su privatización, la explosión aún impune de Clorados III, la intolerable impunidad en el caso del crimen de 43 jóvenes normalistas, los conflictos de interés, la invitación al candidato republicano en tiempo de elecciones, los penosos desempeños gubernamentales en toda materia. No hay aspecto sustantivo del gobierno de Peña Nieto que no haya sido cuestionado con severidad y exhibido en sus inconsistencias o vetas de corrupción.

El último, la huida y detención de Javier Duarte cuyo pantagruélico envilecimiento toca al presidente por lo menos –y por lo pronto– en el nivel de la sospecha.

Nada es nuevo, excepto que nunca había sucedido con tan marcada intensidad y consistencia y exhibe al sistema mexicano como lo que es: uno sin remedio.

Y entre toda esa miscelánea de corrupción, el caso Odebrecht, que toca prácticamente a todos los países y la clase política del continente, pero que en México se ha reservado la información por cinco años sin ninguna razón, excepto proteger a los actuales gobernantes y tomadores de decisiones, incluyendo desde luego al presidente.

La corrupción mexicana ha evolucionado tanto y es tan completa que se ha convertido en caso de estudio académico por la inexistencia y mera simulación del estado de derecho.

Los cambios constitucionales hechos en este gobierno desde el salinato han hecho nugatorios todos los derechos consagrados con sangre de la Constitución de 1917. La actual clase política incluyendo a la izquierda perredista han hecho lo necesario para justificar y legalizar la actual situación de miseria e indefensión de los ciudadanos que han sido sometidos a una situación de choque tan traumática que ha sido fácil imponerles los cambios que legalizan conculcarles patrimonios públicos y privados sin que protesten o siquiera los perciban.

Violencia y corrupción son tan abrumadoras y abarcantes que desalientan y sofocan la mínima posibilidad de cambio.

Esto se lo han hecho las actuales élites políticas y económicas y es peregrino pensar que dentro de sus reglas del juego pueda ser posible el mínimo cambio. No es con ellos ni por ahí.

Se precisa salir de la lógica que reduce el cambio eventual a sus meros aspectos electorales. La vía electoral es sólo una dimensión subordinada del cambio verdadero que la nación precisa. Esto es el cambio en la naturaleza y asunción de su poder de la ciudadanía que se hace responsable de sí misma con o sin gobierno porque las decisiones se toman ahí, en lo ciudadano, no en el gobierno porque la clase política simplemente no tiene el interés y mucho menos la intención de hacer ningún cambio que la separe de la ubre del dinero público, y eso incluye a los partidos.

Si nos atenemos a las evidencias acumuladas tendremos que aceptar que hoy, el Estado mexicano es uno criminal, gobernado por criminales y validado por la una ciudadanía inerme a la que han obnubilado con guerras, devaluaciones y violencia multidimensional.