Política

Pendientes

abril 16, 2017

El Órgano de Fiscalización Superior ha hecho 108 denuncias sobre los desvíos multimillonarios de las dos últimas administraciones priístas que dejaron a Veracruz en estado poco menos que catatónico. El tamaño del robo y sus consecuencias multidimensionales habrán de encajarse por décadas. 40 mil 587 millones de pesos si se suman los gobiernos municipales y los desvíos en el gobierno estatal.

La cifra es tan desproporcionada que el escándalo se achica por abrumador.

Para eso sirvieron las 600 empresas fantasma creadas en la administración de Javier Duarte, quien, si sigue prófugo es por la protección que le brinda el sistema de complicidades que sustituyó al sistema político hace más de 30 años.

Lo hecho a Veracruz durante los fatídicos seis años del gobierno de Duarte es lo peor de la historia administrativa del país. Habría que preguntar cuáles son las condiciones del estado para que éste proporcione tantos paradigmas de corrupción al país: Miguel Alemán Valdés, Fidel Herrera y el vilipendiado Javier Duarte, ejemplo indiscutible del nuevo priísmo presumido por el presidente Peña Nieto.

Entre inhabilitaciones y ahora con parte significativa del ex gabinete en el presidio, el estado se dispersa entre el morbo de la revancha y la catarsis infantil de ver encarcelados a quienes fueron santones intocables de un gobierno inestable, frívolo, escandalosamente corrompido y por lo visto inasible.

Poco después de que tomara posesión el actual gobierno, el clero católico estatal denunciaba la corrupción y la violencia; fuerzas del mal las llamó en una carta firmada por 11 obispos en el estado.

El estado ha sido maltratado y saqueado por una urdimbre de complicidades muy evidente en términos locales, pero que se sustentan en el apoyo obtenido del gobierno federal, cuyos personajes son y fueron beneficiados por los desvíos veracruzanos. No es poca cosa que la ASF haya dicho hace tiempo que las irregularidades por el desvío de recursos en Veracruz son las más altas de toda la historia de la institución.

Encarcelar a ex funcionarios presumiblemente vinculados al sangrado presupuestal está bien, las autoridades tendrán que probarlo. Por lo pronto se dificulta a la urdimbre de complicidades seguir ayudándose en la protección de sus intereses y sus santones.

Falta mucho por esclarecer de un problema que arrastraremos por décadas. Falta, por ejemplo, todo lo concerniente de la deuda pública contratada en el gobierno anterior. ¿En qué se usó el dinero? ¿Dónde está? O, mejor dicho, ¿quién o quiénes lo tienen?