Sociedad y Justicia

Desaparición forzada, "para generar miedo"

marzo 24, 2017

La desaparición forzada es una práctica que viene del Estado para generar miedo y terror en la población y así evitar que ésta se manifieste en contra de la situación económica que se vive, contra los megaproyectos, porque estas reformas neoliberales llevan consigo una políticas que van hacia reprimir y hostigar , dijo Nadin Reyes Maldonado del Comité Hasta Encontrarlos.

En entrevista comentó que cada vez se están cometiendo de manera sistemática las desapariciones forzadas, no sólo contra activistas o defensores de derechos humanos, sino en contra de la población en general y nosotros lo vemos como un crimen de estado, que se comete desde las altas estructuras del estado y que la generalidad de cómo se están cometiendo ahorita, obedece a la implementación de un terrorismo de estado.

La activista, dijo que se comete esta práctica "para empezar a generar miedo y terror en la población, para que ésta no se manifieste en contra de la situación económica que se vive, porque estas reformas neoliberales llevan consigo unas políticas que van hacia reprimir y hostigar para que la gente en general no se manifieste y no muestre descontento ante la implementación de estas políticas".

Es alarmante, consideró porque en varias partes del país se está haciendo evidente la ejecución de esta práctica, ahora Veracruz es testigo de esa situación, cientos de fosas que están encontrado, muchos cuerpos de personas que están sin identificar y que finalmente se descubre que se cometieron asesinatos extrajudiciales.

El discurso oficial es que todas las desapariciones se quieren acuñar al crimen organizado y a la delincuencia organizada, sin embargo, señaló que se trata de una línea muy delgada entre el gobierno y crimen y muchos operan con la complacencia del Estado.

Veracruz al igual que otros estados, tiene que ver con una cuestión estratégica, económica, porque el estado es muy rico en petróleo y seguro hay un interés detrás, que es el económico, la situación de pobreza y los megaproyectos que van en línea con varios estados por ejemplo, en Guerrero hay oro y la plata y así encontramos que Oaxaca tiene características para las hidroeléctricas, en Veracruz el petróleo y su agua.

Su familia ya lo enterró y fiscal lo ubica en fosa de Alvarado

Tres días después de que Isaías Jácome Hernández desapareció el 2 de septiembre del 2016, su cuerpo fue hallado ejecutado en una carretera en la localidad de Tejería.

Su familia reportó el hallazgo y le dio sepultura. Sin embargo, apenas el domingo, el fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, informó que su cuerpo era uno de los hallados entre los 47 restos en fosas clandestinas ubicadas en la comunidad El Arbolillo, en el municipio de Alvarado.

Ante el error, la familia se contactó con el Colectivo Solecito de Veracruz, y pidió respeto a la FGE, pues hace 7 meses enterró a Isaías.

A este reclamo se suma el de la familia Sánchez Díaz de Querétaro, quienes el 3 septiembre del 2016 reportaron la desaparición de Javier, María Dolores y Karem.

La última noticia de ellos la tuvieron alrededor de las siete de noche de ese día, cuando se dirigían de Alvarado a Veracruz para asistir al Festival de la Cerveza.

Sin atender a los protocolos de identificación, el fiscal afirmó que en la fosa también se hallaban los restos de la familia. La única prueba eran credenciales e identificaciones.

El colectivo de Justicia Querétaro, AC, calificó de indolente al Fiscal, y de revictimizar a la familia, pues antes de comunicar la noticia directamente, Winckler dio el anuncio por televisión.

El Fiscal reconoció públicamente que no avisó a las familias antes de darlo a conocer el domingo por la noche, y por ello se disculpó. Argumentó que la intención nunca fue lastimar, pero el daño estaba hecho.

La vocera del Colectivo Solecito, Lucía Díaz reclamó que el Fiscal se saltó al menos cinco pasos preliminares de identificación, y además violentó los protocolos de búsqueda al afirmar la identidad de los cuerpos sin tener pruebas consistentes.

CEDH analiza 103 casos de desapariciones

En la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hay un patrón de deficiencias y omisiones graves en las investigaciones por desaparición, así lo sustentan 103 casos que analiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz.

Por estas anomalías, en próximos meses se emitirá la primera recomendación general por desaparición y desaparición forzada en contra de la FGE, y la SSP.

Las quejas de las familias son similares: pareciera que las carpetas se archivan en un cajón, no hay diligencias de investigación, no se obtienen sabanas de llamadas de teléfonos celulares, no se llama a declarar a testigos claves, no se toman perfiles genéticos, lo que finalmente entorpece la investigación, negando el derecho de las familias a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

El patrón podría extenderse a los más de 2 mil 400 casos de desaparición documentados por la propia FGE. Anomalías que los propios colectivos de familiares en búsqueda han hecho públicas.

La presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, afirma que la autoridad por acciones u omisiones vulneró los derechos de las familias y hubo fallas graves en los procesos, por lo en esta recomendación también ordenará a las dependencias involucradas sanciones administrativas o penales en contra de los funcionarios involucrados en estos hechos.

La recomendación lleva un avance de 60 por ciento, y podría ser emitida en junio, aunque por el número de casos documentados, es probable que se emita una segunda recomendación.

Adicionalmente se emitirán recomendaciones particulares en cada uno de los casos documentados con la intención de que la autoridad corrija los patrones estructurales deficientes que sigue al atender una denuncia.

La titular señaló que al menos el 10 por ciento de los casos documentados son por desaparición forzada donde se presume la participación de las policías estatales y municipales en los hechos de violencia.

Apenas en febrero, la CEDH emitió la recomendación 02/2017 en contra de la Fiscalía General del Estado por violaciones a los derechos de la víctimas y de la persona ofendida por el caso de Gemma Mávil, secuestrada el 3 de mayo del 2011, y cuyo cuerpo no ha sido entregado a sus familiares, pues está extraviado en fosas comunes.

En este caso, se documentaron graves fallas en la investigación que entorpecieron la búsqueda con vida de la joven. Entre las más graves está la liberación de sospechosos del secuestro.