Política

Fragilidad institucional

marzo 17, 2017

En la severa fragilidad institucional que vive el estado, es dable preguntarse quién toma las decisiones importantes, ya que las trascendentes se supone que las toma el gobernador, ocupado con los temas de seguridad, el ejercicio de la justicia contra los saqueadores, la negociación de la deuda, las difíciles relaciones con la federación, las pre-elecciones municipales, las relaciones con el Congreso, la política sucesoria estatal y nacional, por lo que no tiene tiempo para lo verdaderamente importante: el estado actual de la población y la forma de mejorarlo, no sólo en el corto plazo de ya menos de dos años, sino con un horizonte de mediano plazo, pues los ciudadanos permanecerán en sus cargos de ciudadanos, en tanto que él nuevamente se irá de la órbita de la "alta política".

Muy grave lo que sucede en las diferentes áreas del Poder Ejecutivo Estatal, donde personas que llevan años nutriendo con sus conocimientos y labor cotidiana a los diferentes gobiernos, son ahora víctimas sorprendidas del ajuste presupuestal, debido, dicen los abogados que los despiden con suficiencia y arrogancia: "al mal estado de las finanzas públicas, que usted debe comprender" (y con lo cual, de paso, pretenden justificar no pagarles lo que la ley laboral prevé).

¿Quién entonces toma las decisiones de recortar al personal que lleva años colaborando y se ha constituido en la estructura de la administración pública estatal; si bien no como un servicio profesional de carrera, si como el sedimento pragmático del funcionamiento del sector gobierno? Los escuetos sueldos que recibe esta gente de mandos medios y bajos, son prácticamente migajas con respecto a los problemas de escasez financiera del gobierno estatal, su cancelación no contribuye a ningún alivio. ¿Cuál es la intención de reducir el 20% del gasto corriente en este rubro? Si es ahorrar, no sólo es un ahorro mal entendido, si no que el costo es mayor pues la Nómina Estatal es un importante generador de demanda económica. La relación beneficio-costo es por lo tanto negativa.

En este sentido conviene recordar que en estos días el Coneval ha manifestado que el estado de Veracruz ocupa el primer lugar -el más negativo- con la peor capacidad del poder adquisitivo laboral en los hogares de la República. Con estas absurdas medidas de recorte, ¿La intención es agravar aún más la economía de la población veracruzana?

La pregunta obligada es ¿por qué el desorden, el saqueo de las anteriores administraciones, tiene que ser "pagado" por empleados que dependen del ingreso mensual para subsistir, para alimentar y vestir a sus familias? Y "pagar" es desde luego un decir, por qué las enormes cantidades robadas por funcionarios públicos de los sexenios anteriores, no podrá ser restituida de esta ridícula forma. Se agrega, por sentido común, que no solamente deberían ser encarcelados aquellos "servidores públicos", sino expropiados para subsanar sus delitos y para ayudar así al saneamiento de las finanzas públicas, como método lógico y justo de recuperación.

Los graves errores que se están cometiendo son dobles, políticos y económicos. Por un lado se está abonando al añejo descontento de la ciudadanía con los políticos de cualquier partido, con las consecuencias negativas inmediatas para las elecciones de este año y del próximo. Coloquialmente, los partidos en el poder están escupiendo para arriba. Y, lo más perjudicial sucede en el orden patrimonial: a una economía en crisis por la falta de pagos a proveedores y contratistas, por la falta de obra nueva, y por la reducción general de subsidios, agregan negativamente menores sueldos, es decir, disminuyen la capacidad de compra de la economía estatal.

Concediendo que existiese una sobrepoblación en la Administración –alimentada durante años por procedimientos burocráticos interminables, que, por cierto, de nada han servido-, lo que se debe hacer es un estudio cuidadoso de la situación general, con criterios de racionalidad y evaluación del desempeño objetivo, y no con criterios de supuestas pertenencias partidistas, y en último caso, respetando los derechos de los trabajadores mediante la indemnización correspondiente.

Lo que sucede es que el gobierno así está contribuyendo a la contracción económica, haciéndola más severa. Si no el gobernador, ¿quién está haciendo lo contrario de lo que se debe, económica y políticamente?