Sociedad y Justicia

Acusan activistas impunidad y simulación del Estado en búsqueda de desaparecidos

marzo 17, 2017

Orizaba, Ver.- En el gobierno de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto las víctimas por desaparición forzada suman por lo menos 300 mil casos. De ellos ninguno ha sido resuelto e incluso, el Estado los vincula con el crimen organizado, "para presentarlos como victimarios en vez de víctimas". Veracruz, es uno de los estados en donde se registra la mayor simulación de búsqueda de desaparecidos, considera Jesús Hernández y Matías Flores, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

Señalan que a partir del 2015 se iniciaron las jornadas de lucha por la aparición con vida de las víctimas de desaparición forzada, pero este hecho, a los dos, les costó una serie de represalias que presumen forman parte de la mecánica con la que el gobierno federal intenta contener las protestas sociales.

"Fuimos amenazados por personas desconocidas, la represión ha sido la única respuesta que tenemos de parte del estado. En el país hemos emprendido una serie de acciones para exigir la aparición de las víctimas que en la suma de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son más de 300 mil casos que hemos conocido pero que pudieran ser más sobre todo porque muchas de las desapariciones no son denunciadas por miedo", puntualizaron.

El accionar del gobierno federal, relatan, así como en algunos estados, tiene una característica que es la de vincular la desaparición de los luchadores sociales con el crimen organizado. "De esa forma ellos buscan deshacerse de la responsabilidad que les corresponde para que todo se quede en medio de la especulación. Esa es la única respuesta que el gobierno da a los temas de desaparición forzada, vincular a los luchadores sociales con la delincuencia organizada", reiteran.

Ambos activistas, uno de la Ciudad de México y otro del estado de Hidalgo, aseguran que el estado de Veracruz, en especial en el gobierno de Javier Duarte, se convirtió en una de las entidades en donde la presencia de la delincuencia organizada fue aprovechada para también incrementar la desaparición de los luchadores sociales.

"Con Felipe Calderón el Estado mexicano utilizó la guerra contra la delincuencia organizada para de paso arrasar con aquellos que ya tenían identificados como activistas. Aquellos que estaban en la lucha social por causas justas y de beneficio popular. A partir de ese momento y hasta la actualidad, tenemos la misma práctica: desaparecen a los compañeros y la autoridad investigadora de inmediato los vincula con el crimen organizado. Esa es la única salida que se les da y ello genera problemas muy graves".

En el caso de Enrique Peña Nieto, indican, la desaparición forzada se intensificó, por el contrario se le dio continuidad a esa política. "El actual gobierno persigue de forma muy marcada a los jóvenes activistas. Ellos son los que están en mayor peligro, todos los que tenemos una visión de crítica hacia el Estado mexicano, somos peligrosos para ellos".

Refieren que esa es la tónica en todas las entidades, "tenemos hechos similares en todos los estados de la República. Los datos oficiales minimizan la realidad, pero las organizaciones no gubernamentales (ONG) son las que dan esas estadísticas, los que aportan en realidad lo que el Estado pretende evadir".