Política

Disrupción

marzo 15, 2017

La paralización del estado obedece no sólo a la brutalidad de la abrumadora crisis de liquidez sino a que después de tres administraciones de creciente corrupción, se ha desgarrado la urdimbre que da solidez y densidad a las sociedades, las relaciones de confianza. Si bien toda relación de confianza presupone la aceptación de un riesgo, éste sólo se presenta en condiciones de incertidumbre, cuando el desenlace de una situación dada no puede predecirse sin margen de error. En este sentido, arriesgarse es siempre apostar.

Las condiciones del estado son de completa incertidumbre, no sólo porque el tiempo de la nueva administración no ha sido ni remotamente suficiente para restablecer en un mínimo aceptable relaciones suficientes de confianza, sino porque la cantidad de urgencias impostergables absorbe, suponemos, la totalidad del tiempo de operación del gobierno.

Es claro que los actores políticos en el proceso de decisiones del estado tienen intenciones y pueden, o no, actuar calculadamente ocultando o encubriendo sus intenciones en su comunicación. Consecuentemente el resto de los asistentes no sólo han de fiarse de que sus propósitos sean positivos en relación con nosotros y los nuestros, sino de que están siendo sinceros. Básicamente la confianza se basa en la asunción de que los otros tienen buenas intenciones hacia nosotros, en la creencia en su buena fe; así las leyes y las instituciones sirven para establecer las reglas del juego y ofrecer predictibilidad. Cuando esa creencia desaparece o se desgasta, todos los costos de transacción en los intercambios sociales se disparan precisamente porque el mecanismo para reducirlos, la confianza, ha dejado de ser.

Ambientes de baja confianza impactan en toda la gama de actividades de la sociedad, no sólo reducen las tasas de inversión y el movimiento económico, lo que está empíricamente demostrado, sino que erosionan las relaciones individuales y de grupo y, desde luego, el intercambio político. Luego bien puede decirse que el gobierno actual tiene dos aspectos que satisfacer: justicia para la sociedad castigando al operador del desastre y el restablecimiento pronto de las relaciones institucionales y de confianza que den certidumbre a los gobernados. Y no parece estar avanzándose hacia allá.